Carabineros informó que están facultados para usar la fuerza pública en el operativo y hacer que estas personas se retiren del lugar. En caso contrario, aseguraron que serán detenidos.
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Con el apoyo de 300 carabineros, durante la mañana de este martes 30 de septiembre comenzaron las faenas de demolición de la toma Calicheros de Quilpué, levantada en terrenos del empresario Alejandro Correa, asesinado en mayo de 2020 poco después de haber denunciado públicamente la usurpación del mismo terreno.
Sobre la resistencia anunciada por quienes aún quedan en la toma, el delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, advirtió que "no puede haber una demolición ordenada por ley donde haya una persona adentro, por tanto hay que sacarla".
En todo caso, explicó que "el desalojo nunca ha estado en ninguna de las resoluciones de la Corte. Dice exactamente que hay que demoler por un peligro de remoción en masa, y eso implica que cualquier persona que se oponga va a ser retirada del lugar. Cuando una persona está transgrediendo la ley es detenida. Y la orden dice 'demolición', y hay que sacar a las personas".
Por su parte, la vocera de la toma, Yasmín Durán, anunció que varios pobladores no abandonarán sus viviendas. "Aquí nunca hubo una orden de desalojo, entonces, si a ti te dicen que tienes que moverte, tienes que irte, como le están diciendo a San Antonio. Ellos tienen orden de desalojo vigente, pero nosotros no la tenemos".
"Acá hay como 30 familias que todavía no tenemos dónde irnos. No tienen un albergue a disposición, nosotros no tenemos información del albergue. Yo no me voy a un albergue. Aquí en mi casa con mi marido o con mi perro", enfatizó.
En tanto, el teniente coronel Mauricio Burgos, a cargo de los efectivos del operativo, advirtió que, de haber resistencia al cumplimiento de demolición, “Carabineros está facultado para usar la fuerza pública y hacer que estas personas se retiren del lugar”. En caso contrario, “lamentablemente van a tener que ser detenidos”.
Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, informó que el albergue municipal para los pobladores de la toma está habilitado en casi un 90% y que se cubrirán las primeras necesidades de estas personas, con kits de aseo, con duchas implementadas y un espacio para los menores.
El Serviu de Valparaíso adjudicó las obras de demolición a la empresa Río Grande SpA, que ofreció ejecutarlas por un monto de $131.250.000. La demolición tendrá un plazo máximo de ejecución de dos días corridos, mientras que la fase de aseo y limpieza del paño se deberá concretar en cinco días. Finalmente se levantará un cierre perimetral.
PURANOTICIA
