A través de una declaración pública, la coordinadora «Que Pase La Micro» manifestó su preocupación y se declaró en "estado de alerta" respecto de las empresas y consorcios que figuran como recomendados o posibles adjudicatarios, entre ellas Viña Bus S.A..
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La coordinadora «Que Pase La Micro» manifestó su preocupación y se declaró en "estado de alerta" respecto de las empresas y consorcios que figuran como recomendados o posibles adjudicatarios de la licitación del transporte público del Gran Valparaíso y de algunos de los actores involucrados.
En particular, indicaron que les preocupa que Viña Bus S.A., empresa ligada a la operación del transporte público en la zona y asociada al empresario Reinaldo Sánchez, figure nuevamente en este proceso, considerando los cuestionamientos públicos y controversias que han marcado la gestión del transporte en Valparaíso en los últimos años.
"Reconocemos que las nuevas bases de licitación, publicadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones durante el año 2025 y disponibles en su sitio oficial, incorporan avances relevantes en materia de regulación, estándares de flota, fiscalización y exigencias técnicas. Sin embargo, la sola mejora normativa no garantiza por sí misma un cambio real, si no se consideran de manera seria los antecedentes de desempeño de los actuales operadores", indicaron.
En ese sentido, recordaron que durante la administración vigente del transporte público en Valparaíso se han acumulado denuncias ciudadanas, conflictos laborales y cuestionamientos públicos.
Así es como recuerdan reiteradas quejas por el trato hacia usuarios y usuarias, afectando especialmente a estudiantes y personas adultas mayores, quienes además cuentan con tarifa rebajada; problemas en la calidad del servicio, incluyendo la circulación de buses en deficientes condiciones mecánicas, situación que ha sido objeto de preocupación permanente por parte de la comunidad
También apuntan a condiciones laborales precarias para conductores, modelo ampliamente conocido en el sistema antiguo, basado en la remuneración por corte de boleto y sin sueldo fijo, lo que impacta tanto en la dignidad laboral como en la seguridad vial.
De igual forma, manifestaron su preocupación en materia de seguridad, expresadas por organizaciones sociales y vecinales, respecto de la necesidad de controles efectivos y permanentes a conductores y operadores, especialmente considerando antecedentes de accidentes graves ocurridos en el sistema de transporte público de la región en los últimos años, algunos de ellos con resultado de muerte, incluyendo el fallecimiento de un menor de edad y de estudiantes universitarias.
A ello se suma la situación de usuarios que han resultado lesionados, quienes han denunciado falta de respuesta y ausencia de responsabilidad efectiva por parte de las empresas operadoras, quedando muchas veces en estado de indefensión.
"Como organización ciudadana, sostenemos que la evaluación de las propuestas no puede limitarse exclusivamente a los aspectos técnicos y económicos, sino que debe incorporar de manera transparente los antecedentes laborales, sociales y de cumplimiento previo de las empresas postulantes", señalaron.
Por ello, hicieron un llamado al Ministerio de Transportes, a las autoridades regionales y a los organismos fiscalizadores a "considerar de forma rigurosa los antecedentes públicos y el historial de gestión de los actuales operadores; garantizar que la nueva licitación priorice la seguridad de las personas, el trato digno a usuarios y trabajadores, y una mejora real y verificable del servicio; y establecer mecanismos de fiscalización efectivos y permanentes, que eviten la repetición de malas prácticas que han afectado por años a quienes usan diariamente el transporte público, con especial énfasis en la fiscalización con test de alcohol y drogas".
PURANOTICIA
