Estudio de la Fiscalía enciende las alarmas en los terminales marítimos de ambas ciudades, estableciendo que son un espacio de mayor riesgo para el crimen organizado.
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El «Informe de Crimen Organizado en Chile», elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, de la Fiscalía Nacional, advierte sobre la consolidación y expansión del crimen organizado en la Macrozona Centro, integrada por las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, territorio donde se ha instalado un arraigo estructural de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, que han diversificado sus actividades y afianzado su control en mercados ilícitos.
El estudio identifica una amplia gama de delitos, que va desde homicidios, secuestros y extorsiones hasta mercados menos visibles como la venta de celulares y automóviles robados, operaciones que aseguran liquidez rápida y fortalecen la capacidad financiera de estas estructuras delictivas. Dicha diversificación –agrega el informe al que pudo acceder Puranoticia.cl– ha permitido que estas organizaciones consoliden su presencia territorial y amplíen su influencia en distintos niveles de la vida social y económica.
El tráfico de drogas aparece como el eje central delictivo en la Macrozona Centro. La concentración de causas se observa principalmente en comunas del sur de Santiago. No obstante, fuera de la región Metropolitana, sobresalen los ingresos registrados en las comunas de Valparaíso y de Viña del Mar, que refuerzan el rol estratégico de esta región portuaria como punto de acopio y distribución de sustancias ilícitas.
En ese sentido, el documento expone que los puertos de San Antonio y Valparaíso son considerados "puntos críticos" para el ingreso y tránsito de grandes volúmenes de drogas, lo que ha llevado a la creación de una macrozona portuaria especializada destinada a la investigación de delitos vinculados al tráfico internacional.
Asimismo, se advierte que estas operaciones suelen estar acompañadas por dinámicas de control territorial en barrios vulnerables, campamentos y asentamientos irregulares, como se ha visto en tomas de Valparaíso, Viña o San Antonio, donde las bandas imponen su dominio mediante el uso de violencia y tenencia de armas de fuego. En estas operaciones participan organizaciones transnacionales extranjeras y estructuras criminales chilenas que se han adaptado a este modelo de control territorial, junto con agrupaciones conformadas por sujetos extranjeros, pero nacidas en suelo nacional.
Como se indicó en los párrafos anteriores, el tráfico de drogas constituye el principal mercado ilícito en Chile, lo que obedece a múltiples factores, como por ejemplo la cercanía con países productores de materias primas y productores de droga (Bolivia, Perú y Colombia), la extensa frontera nacional y su porosidad, el aumento sostenido en la demanda de la droga, las elevadas ganancias que este mercado genera y la sofisticación de las organizaciones criminales dedicadas a este mercado ilícito.
Estas son las cifras de incautaciones de drogas a nivel país, tabla que fue elaborada a partir del trabajo desarrollado por la Mesa Nacional de Incautaciones de Droga.
Tomando en cuenta que la región de Valparaíso concentra los puertos de mayor carga del país, tales como San Antonio y Valparaíso, el «Informe de Crimen Organizado» establece que esto la convierte en un espacio de mayor riesgo preferente para el crimen organizado. Por este motivo, el 2024 se implementó un Centro de Perfilamiento Macrozona Portuaria Centro (CPMPC) como experiencia piloto, integrando a la Fiscalía Regional de Valparaíso, Carabineros, PDI, Aduanas y la Armada, a través de Directemar.
Así, recuerdan que en mayo de 2024 se desarrolló la «Operación Mediterráneo», una entrega controlada internacional coordinada por la Fiscalía SACFI de Valparaíso en conjunto con Panamá, España y Francia, decomisando 60 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en maquinaria agrícola enviada desde un puerto chileno hacia Europa. En Chile fueron detenidos 12 integrantes de la organización (rumanos, españoles y chilenos), estableciendo que utilizaban el puerto de Valparaíso como plataforma de exportación, instalando centros de operaciones en la región Metropolitana y en Calama.
Chile ha experimentado durante los últimos años un aumento sostenido en las tasas de secuestro, fenómeno que da cuenta de la expansión y la sofisticación de estructuras criminales que han incorporado este delito como mecanismo de financiamiento. Los últimos tres años los secuestros se han mantenido por sobre los 800 casos anuales, alcanzando un máximo histórico de 868 ingresos durante el año pasado 2024; esto, asociado con la consolidación de prácticas de secuestro vinculadas al crimen organizado transnacional, que combinan extorsión, ajuste de cuentas y disciplinamiento interno.
En relación con los delitos asociados a la migración y, a propósito de la información comparada con la entrega anterior, se aprecia una disminución considerable de casos en materia de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, cuando estos se analizan en conexión con estructuras de criminalidad organizada. En materia de trata de personas, el informe de la Fiscalía Nacional indica que Chile ha demostrado un adecuado cumplimiento de los estándares internacionales para su combate y erradicación.
El alza en delitos de porte de armas de fuego (y otros delitos de la Ley de Armas) en los últimos años destaca como uno de los factores explicativos de la incipiente consolidación del crimen organizado, ya que, según el Reporte Anual 2023 de Homicidios, del total de casos de homicidios en ese contexto, 52% fue cometido con arma de fuego. El estudio muestra que en el periodo analizado, Carabineros de Chile incautó un total de 9.281 armas de fuego: 3.019 el año 2022, 3.278 el año 2023 y 2.984 el año 2024.
En cuanto al mercado ilícito de teléfonos celulares en recintos penitenciarios, en el 2024 se registraron 7.772 casos vinculados, en comparación con los 1.376 del 2023. En este contexto, el informe da cuenta que hay videos de dispositivos ubicados al interior de las cárceles de la región de Valparaíso, con registros de golpizas y torturas a internos como demostración de violencia, fuerza física y control por parte de los demás internos. El estudio también muestra que 4,32% de los ingresos por delitos de porte e ingreso de celulares fueron en Valparaíso y el 2,47% en el establecimiento penal de Quillota.
Los homicidios constituyen un fenómeno de especial relevancia en el análisis del crimen organizado, estableciéndose que, con frecuencia, son empleados como herramienta para consolidar el control territorial, intimidar a rivales o eliminar a miembros de la propia estructura que se apartan de las funciones asignadas. En otras palabras, si bien los grupos criminales se organizan en torno a fines económicos, los homicidios se convierten en un medio accesorio y funcional.
En el plano estadístico, Chile ha registrado dos años consecutivos de descenso en la tasa de homicidios consumados: en 2023, la tasa fue de 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2024 se redujo a 6,0 por cada 100.000 habitantes. Este descenso, aunque moderado, es significativo en contexto de alta presión del crimen organizado, y sugiere que las estrategias investigativas especializadas comienzan a mostrar efectos en la contención y persecución penal de este fenómeno.
El informe de la Fiscalía Nacional muestra que durante 2024, el 16,5% de los homicidios en Chile estuvo vinculado a dinámicas de crimen organizado. Sin embargo, la proporción varía considerablemente por región: por ejemplo, la Fiscalía Regional de Valparaíso concentra 13,4% de víctimas de asesinatos asociados a crimen organizado.
En ese sentido, se expone que el homicidio constituye un instrumento central en las economías del crimen organizado, empleado de manera funcional para consolidar control territorial, eliminar rivales y sancionar a integrantes de la propia organización. No se trata de un fin en sí mismo, sino de un recurso estratégico al servicio de la actividad criminal, lo que obliga a investigarlo siempre en su contexto estructural. En este escenario, la creación e implementación de los Equipos contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) ha representado un avance decisivo en la persecución penal.
En conclusión, el panorama actual del crimen organizado en Chile revela la configuración de un ecosistema ilícito integrado, con diversos matices y en expansión. Distintos mercados criminales que antes podían parecer dispersos –desde el narcotráfico y el tráfico de armas hasta la trata de personas, la extorsión, los secuestros y los delitos contra recursos productivos– convergen ahora en una sola trama: el afán por el control territorial, la explotación de comunidades vulnerables y la generación de rentas clandestinas que luego exigen mecanismos de blanqueo y reinversión.
PURANOTICIA
