El exdiputado y exalcalde de Valparaíso figura en la querella de la estatal como pieza clave en la causa, donde se investigan pagos, gestiones y presuntas influencias indebidas para favorecer a un consorcio internacional en litigios contra la compañía cuprífera estatal.
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La acción judicial presentada por Codelco ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sitúa al exdiputado y exalcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo González en un rol estratégico dentro de un presunto esquema para beneficiar al Consorcio Belaz Movitec, en medio de acusaciones por soborno y lavado de activos.
Según el libelo, el exjefe comunal porteño habría actuado como un “socio de facto” del estudio jurídico “Lagos, Vargas & Silber”, manteniendo conocimiento directo de las gestiones desplegadas por sus integrantes y de la relación que estos tenían con la entonces ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su entorno.
Uno de los elementos centrales que expone la querella es que fue el propio Cornejo quien incorporó al Consorcio Belaz Movitec como cliente del estudio, luego de que Codelco pusiera término a su contrato con la empresa por faenas en el norte del país. En ese contexto, se le atribuye haber operado como lobista de la firma, aun cuando no comparecía formalmente en las causas judiciales.
La estatal sostiene que su intervención no fue menor. De hecho, su participación estaba considerada en el contrato de honorarios suscrito entre el consorcio y el estudio jurídico, donde incluso su apellido fue incorporado, reflejando el nivel de involucramiento que —a juicio de Codelco— mantenía en las gestiones.
Otro de los episodios destacados en la acción judicial apunta a su presencia en una llamada telefónica en la que se habría filtrado información reservada respecto de un fallo favorable al consorcio. Para la cuprífera, este hecho da cuenta del acceso indebido a antecedentes sensibles en medio de la tramitación de causas judiciales.
Posteriormente, siempre según la querella, el exparlamentario DC tomó contacto directo con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para advertirle que “se haría público un fallo que era desfavorable para Codelco”. En ese mismo intercambio, añadió que la empresa extranjera tenía “toda la voluntad de resolver amistosamente este tema y evitar los ruidos que se puedan dar”.
La ofensiva comunicacional no se detuvo ahí. Al día siguiente, el exdiputado por Valparaíso envió el fallo definitivo a Pacheco, acompañado de un mensaje en el que ofrecía abordar el conflicto “en la reserva de caballeros” y aseguraba que la resolución “abría puertas para cerrar este tema”.
Para Codelco, estas acciones evidencian que Cornejo actuó “en conocimiento de que su soborno había tenido resultados exitosos”, lo que —según el escrito— demostraría tanto su manejo de información privilegiada como su rol dentro del presunto esquema investigado.
En esa línea, la estatal afirma que “los antecedentes que la investigación ha logrado reunir hasta este momento muestran” que el exparlamentario tenía pleno conocimiento de las influencias ejercidas al interior del Poder Judicial, lo que habría sido clave para obtener resoluciones favorables al consorcio.
En cuanto a los pagos, la querella detalla que Cornejo recibió $14,7 millones en agosto de 2023 y $29,5 millones en diciembre del mismo año, montos que, de acuerdo con la acción judicial, estarían vinculados a las gestiones realizadas en favor de la empresa extranjera.
Como parte de las diligencias solicitadas, Codelco pidió al Ministerio Público requerir al exalcalde la entrega voluntaria de sus teléfonos celulares, junto con los registros de sus conversaciones de WhatsApp desde 2022 a la fecha. Asimismo, solicitó el levantamiento de su secreto bancario entre los años 2022 y 2024.
La investigación continúa en desarrollo, mientras la figura de Aldo Cornejo vuelve a instalarse en el debate público, esta vez bajo la lupa de la justicia en una de las aristas más complejas del conflicto entre la estatal y el consorcio internacional.
PURANOTICIA
