Los jefes comunales figuran entre las 15 autoridades del país notificadas por el organismo fiscalizador, que les otorgó un plazo de 10 días hábiles para regularizar su situación.
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La Contraloría General apercibió a partir del miércoles 27 de mayo, a 15 alcaldes de distintas zonas del país, debido a que no presentaron las actualizaciones obligatorias de sus declaraciones. Esto, como parte de su proceso de revisión y control de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).
A través de los oficios remitidos a cada autoridad, se les otorgó un plazo de 10 días hábiles para presentar sus DIP. De mantenerse el incumplimiento, el organismo iniciará los procedimientos sancionatorios formales, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
Esa misma norma legal señala las sanciones a las que se exponen quienes incumplan el apercibimiento efectuado por la Contraloría y que van desde una multa de entre 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o, incluso, la destitución del cargo si, pasados cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad sigue sin regularizar su DIP.
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