La audiencia contra Juan Galdames Carmona fue fijada para el lunes 26 de mayo en el Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el Ministerio Público imputará cargos por fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público.
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Para el lunes 26 de mayo fue programada en el Juzgado de Garantía de Los Andes la audiencia de formalización del alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, en el marco de una investigación penal que se remonta al año 2022.
La indagatoria es encabezada por el fiscal Jorge Alfaro Figueroa, quien imputará al jefe comunal del Valle del Aconcagua los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y falsificación de instrumento público en carácter reiterado.
Cabe hacer presente que en la misma instancia judicial también serán formalizados otras tres personas asociadas a la causa: un arquitecto identificado con las iniciales H.E.E., un abogado de iniciales J.L.S.S. y un empresario identificado como A.E.V.A..
La causa se originó tras una denuncia presentada ante el tribunal en 2022 y cuenta con una querella del Consejo de Defensa del Estado. Y, de acuerdo con los antecedentes, los hechos se remontan a una sesión del Concejo Municipal de Rinconada realizada el 7 de diciembre de 2021, en la cual el alcalde informó sobre reuniones sostenidas con Fernando Porcile Valenzuela, persona cercana a la autoridad, con el objetivo de avanzar en la compra de terrenos para el Municipio de Rinconada.
Dichas propiedades corresponden a un predio de 3,9 hectáreas ubicado en calle Martín Cruz y otro en el sector Las Bandurrias. Sin embargo, informes de la Contraloría General de la República, emitidos en 2023 y 2024, establecen que estas reuniones no se realizaron bajo la Ley de Lobby, sino de manera privada.
Posteriormente, en enero de 2022, el Concejo Municipal discutió la compra de un terreno de 3,3 hectáreas a Porcile, con el fin de desarrollar proyectos habitacionales. En esa instancia, se señaló a los concejales de la comuna que no existían otras alternativas disponibles para estos fines, lo que derivó en la firma de una promesa de compraventa del predio denominado Los Almendros.
En la misma sesión, también se abordó la adquisición de un segundo terreno, de 85,4 hectáreas en el sector Las Bandurrias, destinado a actividades deportivas, recreativas, culturales y ambientales, aprobándose igualmente la promesa de compraventa.
Un mes después, en febrero de 2022, el Concejo votó la compra definitiva de ambos terrenos: el de Los Almendros por $935.276.062 y el de Las Bandurrias por $960.000.000, incluyendo además un terreno destinado a proveer de agua y los derechos asociados, denominado Callejón Vecinal, cuyo vendedor también era Porcile.
En abril de ese mismo año, se concretó la compraventa del terreno Los Almendros entre la Municipalidad de Rinconada y el mencionado particular, por el monto previamente acordado.
La investigación también considera otro antecedente: la participación del alcalde Galdames en una votación para la renovación de dos patentes de alcoholes cuya titular era su esposa, situación en la que no se habría inhabilitado.
Tras conocerse la fecha de formalización, la defensa del alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona, salió a responder a los cargos que serán presentados por el Ministerio Público. El abogado José Villagrán Reyes afirmó a Los Andes Online que “la Fiscalía no va a poder acreditar ninguno de los delitos que imputa”, en relación con la causa que también involucra al arquitecto, el abogado y el empresario.
El defensor también sostuvo que se trata de una investigación extensa, iniciada hace cerca de tres años y medio, y que los delitos imputados tienen un carácter técnico. "Estos delitos tienen la característica de ser bastante técnicos, por lo tanto, quien acusa tendrá que acreditar en qué consistió esta afectación al patrimonio de la municipalidad, cuál es el perjuicio en concreto y cómo se establece la responsabilidad”, continuó expresando el profesional de las leyes.
Asimismo, argumentó que existe una confusión entre ámbitos jurídicos distintos, señalando que “se confunde lo que es una atribución desde el ámbito del derecho administrativo con una atribución jurídico penal, que están en normas distintas y tienen lógicas diferentes”, agregando que la defensa cuenta con antecedentes suficientes para enfrentar la audiencia, indicando que “tenemos pruebas suficientes como para demostrar al tribunal que las imputaciones carecen de sustento”.
En esa línea, agregó que durante el desarrollo de la investigación han entregado diversos antecedentes al Ministerio Público, precisando que han aportado medios de prueba “que han tenido como propósito poner en conocimiento del Ministerio Público nuestros argumentos”. También advirtió que, en caso de que estos antecedentes no sean considerados por la Fiscalía, serán presentados ante los tribunales correspondientes. “Corresponde que los hagamos valer primero ante el Juzgado de Garantía y ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal con posterioridad”, señaló.
Finalmente, sostuvo que este tipo de instancias forman parte del desarrollo normal de un proceso penal, indicando que “discutiremos allí las lógicas jurídicas que sustenta la Fiscalía y que, a nuestro modo de ver, se encuentran completamente equivocadas”.
Vale indicar que todos estos elementos serán parte de la audiencia de formalización fijada para fines de mayo, donde el Ministerio Público comunicará los cargos en contra de los imputados y se definirán las posibles medidas cautelares que correspondan.
PURANOTICIA
