Acuden al Consejo para la Transparencia tras negativa del SSVQP a entregar planos de ascensores del Hospital Fricke por seguridad

Una nueva arista se abrió en torno a la controversia por el funcionamiento de los ascensores del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. Luego de denunciar ante la Contraloría una serie de fallas y advertir una presunta deuda de $40 millones con la empresa encargada de su mantención, el dirigente gremial Gustavo Gómez Atabales solicitó los planos de los elevadores del establecimiento. Sin embargo, el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca (SSVQP) rechazó entregar esos antecedentes, decisión que ahora fue impugnada ante el Consejo para la Transparencia (CPLT).

La controversia tiene su origen en la denuncia que Puranoticia.cl publicó el pasado 19 de octubre, en la que se dio cuenta de los cuestionamientos formulados por el prosecretario de la Asociación Interdisciplinaria e Interhospitalaria (Afusih) respecto de la gestión del contrato de mantención correctiva de los ascensores del hospital. En su presentación ante Contraloría, se describieron episodios de indisponibilidad de equipos, problemas en puertas, fallas en sistemas de emergencia e incluso caídas de ascensores que habrían afectado principalmente a los núcleos 2, 3 y 4.

Entre los hechos relatados figuraba el caso de una funcionaria que habría quedado atrapada durante al menos cuatro minutos en un ascensor cuyo botón de emergencia no funcionaba. También se mencionaban desperfectos que obligaban a forzar manualmente las puertas y episodios en que los sistemas de frenado se habrían activado durante caídas de los equipos. Según la denuncia, algunos trabajadores afectados debieron acudir al Instituto de Seguridad del Trabajo por lesiones descritas como "latigazo".

Uno de los puntos más delicados de aquella presentación apuntaba a una eventual deuda de $40 millones con Ascensores Schindler Chile S.A.. De acuerdo con lo que Gómez señaló que se les informó en una reunión realizada el 4 de septiembre, existiría un acuerdo para que la empresa dejara de efectuar reparaciones correctivas cuando la deuda alcanzara ese monto. El dirigente planteó que esa condición no estaría contemplada en el contrato y que el monto adeudado incluso podría ser superior.

En respuesta a esa publicación, el Hospital Dr. Gustavo Fricke aseguró que 15 de sus 17 elevadores se encontraban operativos y que los dos restantes –un montacamillas y un montacargas– tenían fallas diagnosticadas, cuyos repuestos estaban en proceso de importación. El establecimiento también afirmó que todos los ascensores contaban con sus mantenciones preventivas al día y que el contrato con Schindler se mantenía vigente y en regular funcionamiento.

SOLICITUD DE PLANOS

En paralelo a sus cuestionamientos sobre la mantención de los equipos, el prosecretario de Afusih presentó una solicitud de acceso a la información pública para obtener antecedentes técnicos del sistema de ascensores del nuevo hospital.

Mediante una presentación ingresada el 9 de octubre de 2026, bajo el folio AO023T0003236, pidió dos documentos en formato PDF: el plano general de ascensores del Hospital Dr. Gustavo Fricke y los planos de arquitectura por planta en los que se identifican los distintos grupos o módulos de elevadores.

La respuesta del SSVQP fue negativa. A través de un oficio firmado por Egle Zavala Díaz, jefa de su Departamento Jurídico, el organismo sostuvo que la divulgación de esos antecedentes podría comprometer la seguridad física y operativa del hospital.

El Servicio de Salud justificó la negativa señalando que los planos contienen información técnica sobre la distribución interna del edificio y la ubicación de sus sistemas de transporte vertical. En su respuesta, el organismo sostuvo que "los ascensores cumplen una función relevante en un hospital de alta complejidad, al permitir el traslado de pacientes, personal clínico, equipamiento e insumos entre los distintos niveles". Agregó que una eventual afectación de estos sistemas "podría dificultar determinados desplazamientos y repercutir en la continuidad de las actividades asistenciales".

Para fundamentar la reserva, el Servicio de Salud invocó el artículo 21, numeral 3, de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, que contempla la posibilidad de denegar antecedentes cuando su divulgación pueda afectar la seguridad de la Nación, particularmente la seguridad pública. También hizo referencia a la definición de infraestructura crítica incorporada en el artículo 32, numeral 21, de la Constitución, que comprende los sistemas de asistencia sanitaria o de salud.

La institución concluyó que no era posible entregar ni el plano general ni los documentos de arquitectura por planta solicitados. En la misma respuesta, el organismo informó que el solicitante podía reclamar ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la notificación.

PRESENTACIÓN DE AMPARO

Frente a la negativa, Gustavo Gómez, quien se identifica en esta nueva presentación como presidente de la Federación Intergremial de Funcionarios del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, acudió al Consejo para la Transparencia mediante un amparo.

En su escrito cuestiona que el organismo haya invocado razones de seguridad sin demostrar de qué manera concreta la entrega de los planos podría poner en riesgo al hospital o afectar la seguridad pública. Para sostener su postura, cita distintos pronunciamientos del propio CPLT y plantea que la sola relación entre la información solicitada y una causal de reserva no basta para justificar que se niegue el acceso.

"La mera relación temática entre la información solicitada y la causal del artículo 21 N.º 3, es insuficiente", argumenta, aludiendo a criterios establecidos en decisiones anteriores del organismo.

El dirigente también cuestiona que se pretenda reservar la ubicación y distribución de los ascensores, considerando que, según afirma en el amparo, esos mismos planos estuvieron disponibles para quienes revisaron los antecedentes de licitación de la construcción del nuevo hospital y fueron examinados por profesionales de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar durante la revisión del proyecto.

A partir de ello, sostiene que el Servicio de Salud debía explicar cuál sería el peligro concreto de hacer pública esa información. En su presentación plantea que se trata de medios de transporte vertical y que conocer su ubicación y cantidad no representa, por sí mismo, una amenaza para la seguridad nacional.

Pero el cuestionamiento de Gómez va más allá de la interpretación de la Ley de Transparencia. El dirigente vincula directamente la negativa con la investigación que inició sobre el contrato de mantención de los ascensores y con los antecedentes que recopiló respecto de la presunta deuda con la empresa Schindler.

Según expone, conocer la ubicación y el número de ascensores considerados en los planos le permitiría contar con más antecedentes para profundizar su revisión sobre la gestión del servicio de mantención. En ese contexto, plantea que la negativa podría favorecer la posición del organismo cuestionado y dificultar el ejercicio de su labor fiscalizadora como dirigente gremial.

"Si consideramos el carácter público de los planos solicitados y la inexistencia de riesgo alguno en su entrega, la única intención del Servicio de Salud ha sido evitar su que la denuncia sea robustecida con esta información", sostiene en el escrito.

Más adelante, agrega que el organismo "podría estar negando la información que se le solicita por razones diversas a las legisladas en la ley 20.285".

Cabe hacer presente que se trata de una acusación formulada por el dirigente en su presentación y no de una conclusión establecida por el Consejo para la Transparencia. Hasta ahora, los antecedentes disponibles dan cuenta de la negativa del SSVQP y de los argumentos con que Gómez busca que esa decisión sea revisada.

APUNTA A LA TRANSPARENCIA

El amparo también incorpora cuestionamientos más amplios al comportamiento del Servicio de Salud frente a las solicitudes de información pública.

Gómez afirma que, durante 2025, nueve de cada doce amparos presentados contra el organismo y resueltos por el Consejo para la Transparencia fueron acogidos. Añade que, en lo que va de 2026, seis de diez reclamos sujetos a trámite habrían sido acogidos total o parcialmente. Asimismo, asegura que ha presentado 14 amparos contra la institución luego de recibir respuestas negativas a solicitudes de información.

A partir de esas cifras, el dirigente cuestiona el estándar de transparencia del Servicio de Salud y plantea que existiría una tendencia a denegar antecedentes que deberían ser públicos. Incluso sostiene que esa conducta podría responder a una aplicación errónea de la Ley de Transparencia o a un intento de proteger a las autoridades de la institución frente al control ciudadano.

PURANOTICIA