Académico de la U. de Valparaíso acusa que la reforma de seguridad del Gobierno busca "constitucionalizar la dictadura"

Fue el lunes 17 de agosto cuando el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que tiene como objetivo fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).

La propuesta ingresó con suma urgencia, por lo que los senadores dispondrán de 15 días para abordar su discusión en la Cámara Alta. El texto contempla ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, medida que ha generado una serie de críticas debido a las facultades que podría concentrar el Presidente de la República.

Los alcances de la iniciativa fueron analizados por Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, de profesión Licenciado en Ciencias Jurídicas y académico –además– de la cátedra de Estrategias y Técnicas Penales.

La reforma presentada por el Gobierno de José Antonio Kast ante el Congreso Nacional propone agregar expresamente la seguridad pública entre los deberes del Estado, junto con la obligación de resguardar la seguridad nacional. El objetivo es precisar este mandato constitucional y facilitar la exigibilidad de esta responsabilidad estatal.

REFORMA CONSTITUCIONAL

El proyecto crea nuevas medidas contra el crimen organizado, específicamente un nuevo artículo 9° bis que tiene como finalidad central el reconocer constitucionalmente la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado.

Esto fue cuestionado por González, quien planteó que este tipo de materias sean incorporadas a la Constitución: "Es un craso error, en el sentido de que no está mal eventualmente proponer la discusión, pero está mal proponerlo a nivel constitucional. Estas son reformas que se pueden hacer a nivel de Código Penal o de reglamento, pero pretender constitucionalizar cualquier tipo de regulación de carácter legal, constituye un ejercicio donde básicamente no se está entendiendo para qué sirve qué. Estamos colocando cosas del Código Penal en la Constitución y en el fondo esas cosas que quieren colocar en la Constitución deberían estar en el Código Penal".

La iniciativa presentada incorpora también la posibilidad de que una ley cree registros de organizaciones criminales. La inscripción tendría efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, aunque el Ministerio Público mantendría la obligación de acreditar la participación individual de cada imputado.

Sobre esta propuesta, el académico indicó que "tiene como objeto tener un registro conocido de personas que participen en organizaciones tribunales, lo cual tampoco debería ser materia de Constitución, sino que en el fondo es materia de ley. Ya hay un registro de ADN, que es material de ley; existe en el Registro Civil un registro de condena de las personas. Entonces, mal se pudiera entender que este registro constitucional pueda tener efecto distinto a los otros registros que ya tenemos".

El cuarto punto tiene que ver con la facultad presidencial para declarar una organización criminal o terrorista. En ese sentido, el proyecto entrega al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.

También se incorpora la amenaza grave a la seguridad pública, por lo que la reforma constitucional ingresada al Senado amplía las circunstancias que podrían justificar la adopción de medidas excepcionales. A la actual referencia a la calamidad pública se sumaría una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.

NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública. Este podría ser declarado por el Presidente de la República ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada. 

La medida tendría una duración máxima de cuatro meses y podría extenderse por otros cuatro meses mediante una decisión netamente presidencial. El Congreso recién tendría injerencia a partir de las prórrogas sucesivas, vale decir, ocho meses después.

El alcance de las restricciones que contempla esta figura fue uno de los principales puntos cuestionados por Felipe González, quien explicó a Puranoticia.cl que "esto no es solo detención por sospecha. El Presidente de la República, lo que podría determinar durante ocho meses, es que un grupo indeterminado de personas, una comuna completa o una región completa, puede quedar con arresto domiciliario total o en algún lugar determinado, durante ocho meses, sin derecho a reclamar nada".

El académico fue aún más crítico respecto de la concentración de facultades presidenciales y sostuvo que "lo que está haciendo este precepto en particular es constitucionalizar la dictadura. Van a decir que el Presidente es una persona elegida por todos, fue elegido por el 70% y en menos de tres meses ya tiene la mitad del apoyo que tenía antes. (...) Entonces, lo que me están diciendo es que durante ocho meses voy a estar encerrado en mi casa, bajo la idea de una sola persona y sin que el Congreso –que por lo menos tiene algo más de representatividad– pueda ratificar esto si no han pasado los ocho meses. Eso es la constitucionalización de una dictadura".

González insistió en sus reparos diciendo que "esto es constitucionalizar una dictadura. Y lo puede hacer bajo una excusa tan pueril como que hay un problema de seguridad, pero ¿donde no hay problemas de seguridad?".

Otra de las aristas de esta reforma constitucional del Gobierno es que mientras se encuentre vigente este nuevo estado de excepción, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión.

ROL DEL SENADO

Como último punto, la propuesta establece que el Senado deberá aprobar o rechazar –en sesión secreta y por dos tercios de sus integrantes en ejercicio– la declaración presidencial respecto de una agrupación considerada terrorista o vinculada al crimen organizado. La Cámara Alta tendría cinco días desde la recepción de la solicitud para pronunciarse y no podría introducir modificaciones a la declaración.

En cuanto al plazo contemplado para el nuevo estado de excepción, el senador Andrés Longton, quien durante su etapa como diputado llegó a presidir la Comisión de Seguridad de la Cámara, comentó a Puranoticia.cl que "a mí también me parece que es un exceso 240 días (8 meses), eso no lo tiene ni el Estado de Sitio, no lo tiene el Estado de Asamblea, menos sin control del Congreso. El Estado de Guerra establece incluso una pasada por el Congreso para una aprobación. Por lo tanto, me parece que el control del Congreso te permite generar un equilibrio entre los poderes, sobre todo considerando que le estás dando una herramienta muy poderosa, porque en el fondo lo que hace el Estado de Excepción es limitar garantías constitucionales".

El parlamentario que milita en Renovación Nacional (RN) también planteó que el actual Estado de Emergencia podría ser una alternativa para abordar la situación, explicando que "hay ciertas limitaciones que en la práctica además se ocupan poco. ¿Qué haría yo? Yo creo que un Estado de Excepción nuevo. A mí me gustaría reforzar el Estado de Emergencia. Eso sería prudente, ponerlo un poquito más intenso en atención a la penetración del crimen organizado y el narcotráfico, que son verdaderos estados independientes y soberanos con mucho poder".

El legislador oficialista adelantó que "vamos a trabajar en la discusión en general y en particular para mejorar el proyecto en ese y en otros aspectos. No solamente son esos aspectos los delicados, hay otros también". y reiteró que "entonces la verdad es que yo creo que más que avanzar en un nuevo Estado de Excepción, creo que podemos fortalecer el Estado de Emergencia. Si se quiere avanzar en uno nuevo, obviamente tienen que ser muy distinto del que se plantea en el proyecto".

Cabe hacer presente que la iniciativa deberá continuar ahora su tramitación en el Senado, donde los parlamentarios deberán analizar tanto las nuevas herramientas propuestas para enfrentar el crimen organizado como los mecanismos de control sobre las facultades presidenciales, y donde el debate estará marcado especialmente por el alcance del nuevo estado de excepción, la duración de sus posibles restricciones y el nivel de intervención que tendría el Congreso frente a su aplicación.

PURANOTICIA