La normativa inicia su implementación gradual con una reducción a 42 horas semanales, marcando un hito que prioriza la conciliación entre la vida familiar y el trabajo, aunque genera desafíos operativos para el sector privado. Este es el análisis de Dagoberto Hernández.
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Esta semana comenzó a regir una etapa clave en la legislación laboral chilena: la reducción de la jornada ordinaria a 42 horas semanales. Este proceso, que se extenderá gradualmente hasta el año 2028, busca transformar la dinámica de los trabajadores del sector privado regidos por el Código del Trabajo.
El abogado experto en derecho laboral, Dagoberto Hernández, aclaró en Puranoticia Matinal, que esta reducción no es universal para todos los tipos de empleo. "Este tipo de reducción de jornada afecta exclusivamente a la jornada ordinaria de trabajo", explicó el especialista, precisando que quedan fuera los regímenes excepcionales o por turnos específicos, como los sistemas de siete por siete o cuatro por tres días.
El espíritu de la ley, según Hernández, es claro: "Lo que busca la inspección del trabajo, y en definitiva el legislador al reducir la jornada, es privilegiar en definitiva la vida familiar por sobre la constancia en el trabajo".
Uno de los puntos más complejos en la aplicación de las 42 horas es la distribución de la hora de salida. Tras cambios en los dictámenes de la Dirección del Trabajo, el abogado señaló que, si las partes no logran consensuar cómo reducir el tiempo diario, la facultad recae en la empresa.
"En caso de no existir acuerdo, quien determina en base a la facultad de administración y de ejecución que tiene el empleador es él". Esto implica que, en jornadas de cinco días, el empleador decide qué día se sale una hora antes, mientras que en jornadas de seis días por uno la reducción se distribuye en 50 minutos durante la semana y 20 minutos el sábado.
Hernández destacó opciones de flexibilidad que otorga la ley, como la jornada de 4 días de trabajo por 3 de descanso (4 por 3 días) que permite trabajar 10 horas diarias más colación. Esta modalidad es atractiva porque "no necesita autorización de nadie, ni de la inspección del trabajo".
No obstante, el experto advirtió sobre el impacto económico, especialmente para las Pymes:
Finalmente el abogado advirtió que el sistema de incentivos tributarios actuales no soluciona la urgencia de las empresas, señalando que, ante la promesa de rebajas impositivas para el próximo año, actualmente "no hay liquidez". Y en ese sentido, Hernández enfatizó que la situación para las pequeñas organizaciones es compleja, ya que "el costo de empresa quedó excesivamente alto para una persona, por ejemplo, una pyme", concluyó.
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