Abogado emplaza a Fiscalía por falsificación de reportes medioambientales en Enap: "Tendrían que estar ya en este minuto allanando"

El abogado Remberto Valdés, quien representa a más de 1.000 familias de Quintero y Puchuncaví, pidió al Ministerio Público acelerar las diligencias en la investigación que involucra a exejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), planteando que, a su juicio, existen antecedentes suficientes para realizar allanamientos e incautaciones en dependencias de la compañía.

El jurista presentó tres querellas criminales contra 16 exejecutivos de Enap, a quienes atribuye una eventual responsabilidad en la entrega de información falsa a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto de los niveles de contaminantes asociados a la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón.

Sin embargo, para el abogado, uno de los aspectos más urgentes de la investigación está relacionado con la necesidad de resguardar evidencia que podría encontrarse en dispositivos electrónicos y documentación interna de la estatal.

En conversación con Puranoticia.cl, el profesional de las leyes sostuvo que en las querellas "le pedimos al Ministerio Público la incautación de todo esto. Yo no quiero ser hiriente, pero le pedimos al Ministerio Público, que es el órgano autorizado para esto, porque esto es algo urgente y tendría que estar ya la Fiscalía en este minuto allanando las dependencias de la Enap, incautando WhatsApps, teléfonos celulares, computadores, chips e informes confidenciales de los últimos cinco o seis años, para dar con los responsables de estos delitos".

El abogado considera que el tiempo juega un papel relevante en la preservación de eventuales evidencias, especialmente aquellas almacenadas en teléfonos celulares y computadores de personas que ya no trabajan en la compañía.

Consultado sobre las razones por las que hasta ahora no se han concretado este tipo de diligencias, Valdés aseguró que "no puedo darte ninguna explicación que a mí razonablemente me resulte sustentable".

De igual forma, el abogado puso especial énfasis en el riesgo de que información relevante pueda desaparecer o quedar inaccesible con el paso del tiempo: "A mí me llama la atención que no tengamos allanamientos ni incautaciones. Ponte en el caso de la persona que tiene este juicio de reproche penal: ya perdió el celular, ya se lo robaron (...) Entonces ahora va a pasar lo mismo, si es que ya no pasó", dijo.

Por ello, planteó que, si determinados dispositivos ya no están disponibles, debería recurrirse a mecanismos de análisis informático para intentar recuperar información.

LOS "MASTERCHEF"

La solicitud de diligencias planteada por Valdés adquiere especial relevancia a partir de los antecedentes que, según expuso a Puranoticia.cl, forman parte de las querellas.

El abogado aseguró que existiría un grupo de WhatsApp en el que determinados funcionarios de la estatal se habrían coordinado respecto de la forma en que se elaboraban los certificados relacionados con el cumplimiento de metas ambientales por dióxido de azufre. "Los MasterChef, quienes tenían un grupo de WhatsApp, aparentemente donde se ponían de acuerdo cómo falsificaban los certificados de cumplimiento de metas medioambientales por dióxido de azufre", afirmó.

A juicio del querellante, acceder a esas comunicaciones permitiría establecer quiénes participaron, qué instrucciones recibieron y cómo se habría desarrollado el mecanismo investigado. Por eso, entre los elementos que busca que sean incautados se encuentran precisamente teléfonos celulares, computadores, chips y comunicaciones de WhatsApp, además de informes que podrían permitir reconstruir lo ocurrido durante el período investigado en esta empresa del Estado.

BENEFICIOS ECONÓMICOS

Valdés también apuntó a otra arista que considera relevante: los eventuales incentivos económicos asociados al cumplimiento de metas internas de la empresa.

Según explicó, "gracias a estas falsificaciones de certificados de cumplimiento medioambiental, estos 16 ejecutivos, tal vez grandes ejecutivos de la misma, quizás se llevaron (...) centenares, decenas o tal vez miles de millones de bonos en dinero, pagados en efectivo, durante cinco años, basados en mentiras y en cumplimientos medioambientales falsificados".

Remberto Valdés recalcó que desconoce cuál habría sido el monto efectivo de esos eventuales pagos, razón por la que considera necesario que esa información sea establecida mediante la investigación.

Para explicar su planteamiento, utilizó un ejemplo hipotético: "Para que tú puedas recibir un bono –voy a inventar– cuatro sueldos más al año. Por ejemplo, me gano $5 millones mensuales. Si cumplo determinadas metas, dentro de ellas las medioambientales que están en mi sector, voy a recibir de bono cuatro sueldos más, o sea $20 millones de premio por haber sido un gran trabajador de la compañía que cumple éticamente y legalmente el Plan de Prevención y Descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón. Como mentí y falsifiqué, me llevo a mi bolsillo estos $20 millones. Eso, multipliquémoslos por docenas de personas que habrían malhabido recibido estos bonos de su sueldo proporcional".

Pese a este ejemplo, Valdés fue enfático en señalar que se trata de una ilustración y que el monto real deberá determinarse mediante la investigación.

INDEMNIZACIONES

Otra de las aristas que el abogado pidió revisar corresponde a las desvinculaciones de algunos de los exejecutivos involucrados.

En ese sentido, Valdés afirmó que, según información pública entregada por Enap, algunos trabajadores fueron desvinculados por necesidades de funcionamiento de la empresa y otros mediante la figura del desahucio, pero que "en todos los casos se llevaron de premio sus indemnizaciones por años de servicio de manera íntegra".

A su juicio, si eventualmente existía conocimiento de incumplimientos graves o faltas de probidad, también debería determinarse qué responsabilidad tuvieron quienes adoptaron las decisiones posteriores respecto de esos trabajadores.

"Y aquí hay otro punto: la responsabilidad del directivo que despide a sabiendas de que había un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, a sabiendas de que había una falta de probidad (...) hace vista gorda y, con la plata de todos los chilenos, premia a estas personas", sostuvo.

El profesional de las leyes indicó también que la investigación no debería centrarse únicamente en una eventual equivocación técnica, por lo que sostuvo que los antecedentes conocidos apuntarían a un período de varios años y que, además, existirían antecedentes sobre eventuales beneficios económicos asociados a los indicadores ambientales. "Este no es un hecho aislado, no es un equívoco", afirmó.

En esa línea, cuestionó que durante un período prolongado se hayan utilizado antecedentes cuya metodología posteriormente fue puesta en duda y planteó que la investigación debe determinar quiénes conocían esta situación y cuáles fueron sus consecuencias.

ROL DE LA PRENSA

Las tres querellas presentadas por Valdés buscan que el Ministerio Público investigue la eventual responsabilidad penal de 16 exejecutivos de Enap, mientras los antecedentes relacionados con la metodología usada para determinar el cumplimiento ambiental de la Refinería Aconcagua también son materia de actuaciones de la SMA.

El abogado sostuvo que uno de los elementos que permitió que estos antecedentes tomaran conocimiento público fue el trabajo de los medios de comunicación. "Gracias a Dios tenemos libertad de prensa en este país porque si no, no sabríamos de estos pequeños grandes detalles que ocurren en una empresa pública", afirmó.

El jurista consultado por Puranoticia.cl espera que la investigación avance hacia diligencias que permitan asegurar la evidencia disponible y reconstruir cómo se generaron y utilizaron los antecedentes ambientales cuestionados. Para el querellante, la prioridad está puesta en que la Fiscalía pueda acceder cuanto antes a las comunicaciones, dispositivos y documentos que permitan determinar si existió una coordinación para entregar información falsa y quiénes participaron de ella.

Ahora será el Ministerio Público el que deberá determinar qué diligencias investigativas corresponde realizar y establecer, con los antecedentes reunidos, si existen responsabilidades penales por los hechos denunciados.

PURANOTICIA