Familias afectadas por la tragedia que golpeó a Viña del Mar y Quilpué buscan esclarecer el destino de recursos públicos y privados comprometidos para la emergencia, tras revelaciones de la Contraloría General de la República.
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A dos años del megaincendio que devastó sectores del Gran Valparaíso, cerca de 500 propietarios damnificados anunciaron la presentación de una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso para investigar el eventual mal uso de los fondos destinados a la reconstrucción.
La acción judicial surge luego de que informes de la Contraloría detectaran múltiples irregularidades en la ejecución de recursos públicos y privados comprometidos durante la emergencia. Entre los antecedentes se mencionan pagos por servicios no ejecutados, fondos sin trazabilidad, donaciones no ingresadas formalmente al presupuesto, sobreprecios, duplicidad de pagos y contrataciones irregulares en organismos como la Delegación Presidencial Regional, la Dirección Regional de Arquitectura y distintos municipios.
El abogado representante de los afectados, Felipe Olea, explicó que la decisión responde a la indignación generada tras conocer los informes. “Ha generado particular indignación entre todos mis representados conocer con certeza que los dineros que fueron destinados por el Estado de Chile y otras instituciones particulares para ir en apoyo de estas víctimas, no llegó a las manos que debía alcanzar”, afirmó.
El jurista agregó que “el próximo lunes presentaremos una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso en contra de quienes resulten responsables”, subrayando que “estamos frente a hechos de la máxima gravedad, que podrían configurar una malversación de caudales públicos, y que deben ser investigados penalmente para determinar responsabilidades individuales y administrativas”.
Muchas de las familias afectadas aún viven en viviendas de emergencia o han debido endeudarse para reconstruir. Desde el sector Canal Chacao, varios querellantes relataron el impacto económico y emocional que dejó la tragedia.
Elena Maldonado, en representación de sus padres, sostuvo que “ver que los recursos no llegaron a quienes más lo necesitaban es aberrante. No solo perdimos una casa, perdimos recuerdos, salud y dignidad. Hasta hoy seguimos viviendo hacinados en una vivienda de emergencia mientras los fondos simplemente desaparecieron”.
En la misma línea, Verónica Jiménez expresó que “esto no es solo un daño económico, es una burla emocional. Se rieron de la gente. Los recursos estaban, pero no se usaron cuando más se necesitaban, y eso no puede quedar impune”.
Mauricio Aguilera enfatizó que la querella busca esclarecer una duda persistente: “Siempre nos preguntamos dónde quedó la plata de las donaciones, de las campañas, de los fondos internacionales. Hoy no pedimos limosna, pedimos saber qué hicieron con esa plata y que alguien dé la cara”.
Claudio Salinas, hijo de un adulto mayor damnificado, relató que su familia debió financiar gran parte de la reconstrucción con recursos propios. “Gastamos más de once millones de pesos y solo nos devolvieron una parte. Mientras tanto, los informes muestran que había dinero disponible. Sentimos que se burlaron de nosotros”, indicó.
Carolina Sánchez, quien representa a sus padres de más de 80 años, agregó que “si no hubiésemos tenido recursos, simplemente no habríamos recibido ayuda. Las familias se endeudaron, perdieron todo y hoy nadie sabe dónde están los dineros. Esto no fue caridad, era una obligación del Estado”.
La querella busca esclarecer el destino de los fondos comprometidos y establecer eventuales responsabilidades en un caso que, según los damnificados, ha profundizado la desconfianza institucional tras una de las mayores tragedias recientes en la región.
PURANOTICIA
