1 de cada 10 mall chinos de la V Región cumple requisitos en útiles escolares y solo la mitad acredita certificación sanitaria en cosméticos

Una serie de brechas en la información y acreditación de productos comercializados en los denominados mall chinos de la región de Valparaíso identificó un estudio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), que examinó 87 establecimientos en seis regiones del país. En el caso local, los resultados muestran dificultades, especialmente en los requisitos evaluados para útiles escolares y cosméticos, además de falencias en la exhibición de documentación comercial.

Uno de los datos más relevantes del estudio de la CNC corresponde a los útiles escolares: apenas el 10% de los establecimientos analizados en la Quinta Región cumplía con la totalidad de los requisitos considerados en el estudio. La revisión también estableció que solo un 10% presentaba instrucciones en español y que apenas un 20% informaba los ingredientes o componentes de los productos.

En cosméticos, categoría que también concentra parte de las observaciones, el 30% de los establecimientos cumplía con todos los requisitos evaluados. Además, solo la mitad contaba con certificación del Instituto de Salud Pública (ISP). En tanto, para los artículos electrónicos, el cumplimiento total alcanzó un 44% de los locales examinados.

Otro antecedente que llamó la atención de los investigadores de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile fue la presencia de productos de marcas conocidas cuya originalidad no pudo determinarse mediante una revisión visual. Esta situación se observó en el 50% de los establecimientos visitados en la región, por lo que el informe plantea la importancia de verificar su autenticidad y trazabilidad.

PATENTES Y BOLETAS

Las observaciones del estudio también apuntaron a la formalidad comercial de estos negocios. En la región de Valparaíso, solo el 20% de los mall chinos exhibía su patente municipal a la vista. La investigación agrega que los permisos observados correspondían a formatos impresos sin timbre o incluso escritos a mano.

Pero ojo, que no todo es malo ya que, en contraste, la entrega de comprobantes por las compras observadas presentó resultados más favorables. En el 100% de las compras realizadas por terceros se entregó boleta o comprobante. En las compras directas pagadas en efectivo, un 80% recibió el documento espontáneamente, mientras que el 20% restante lo obtuvo después de solicitarlo a los locatarios. Por su parte, todas las compras directas efectuadas con tarjeta recibieron comprobante impreso.

El informe también comparó los resultados de la región Metropolitana con los de las otras cinco regiones incluidas en el levantamiento. En materia de exhibición de patentes municipales, Valparaíso registró un 20%, la misma proporción observada en Tarapacá. En Santiago, en cambio, el indicador llegó al 47%. En Biobío, La Araucanía y Los Lagos ninguno de los establecimientos evaluados exhibía este documento.

A nivel general, la CNC planteó que los resultados hacen necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones fiscalizadoras y orientar los controles hacia las categorías de productos que presentan mayores señales de riesgo.

El presidente de la entidad, José Pakomio, señaló que "la protección de los consumidores debe tener el mismo estándar en todo Chile. Las brechas que observamos fuera de la región Metropolitana son preocupantes y exigen revisar la cobertura y efectividad de la fiscalización. Necesitamos presencia permanente de las instituciones en los territorios y seguimiento de los resultados. Los controles aislados son insuficientes si después no se verifica que los problemas se hayan corregido”.

Vale hacer presente que el estudio fue realizado por Ekhos entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre de 2026. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile precisó que sus resultados describen los establecimientos y transacciones observados, pero no constituyen una muestra representativa a nivel nacional. Asimismo, aclaró que la ausencia de certificaciones o documentos visibles constituye una señal para orientar la fiscalización, pero no acredita por sí sola la existencia de infracciones.

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