Diputado Andrés Celis sostuvo que "me parece extraño que (desde el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota) no hayan tenido conocimiento de que estaban pagando de forma errada".
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Con las cautelares de arraigo nacional y retención de fondos quedaron tras ser formalizados C.B.P. y M.R.O., dos integrantes de la sociedad Gran Pacífico SpA, la cual fue contratada el año 2020 para prestar servicios como residencia sanitaria en el hotel Queen Royal de Viña del Mar.
Esto, en el marco de una investigación por eventuales cobros fraudulentos al Fisco por parte de estos dos socios, los cuales habrían cobrado más de $82 millones en facturas que estaban previamente anuladas.
Junto a las medidas cautelares, se ofició de aquello a la Tesorería Provincial de Viña del Mar, para evitar que se retire uno de los cheques girados en pago de una factura ya pagada. Esto, considerando que ambos socios han retenido este dinero sin derecho y negándose a restituirlo, según lo dio a conocer el fiscal Claudio Rebeco, jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso.
"La investigación permitió establecer que los imputados actuaron fraudulentamente en el cobro de facturas que habían sido anuladas previamente por el propio emisor. El perjuicio fiscal asciende, en este caso, a una suma cercana a los $82 millones, cifra que percibieron indebidamente y que se han negado a reintegrar a la fecha", comentó el persecutor.
Respecto a toda esta controversia se refirió el diputado por la zona, Andrés Celis Montt, quien junto a manifestar su apoyo a la formalización por parte de Fiscalía, indicó que "espero que la Fiscalía pudiese también investigar presuntas responsabilidades de algunos funcionarios del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), porque, si bien, el SSVQ pagó por una factura previamente anulada, me parece extraño que no hayan tenido conocimiento de que estaban pagando de forma errada".
El parlamentario de Renovación Nacional también sostuvo que "espero también que Contraloría termine a la brevedad este sumario para establecer las responsabilidades administrativas y el Ministerio Público pueda perseguir las responsabilidades penales eventuales de algunos funcionarios del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota".
Mientras se está a la espera del informe de Contraloría para conocer las eventuales responsabilidades al interior del Servicio de Salud, cabe señalar que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó en 120 días el plazo judicial de la investigación de este caso.
PURANOTICIA
