La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, señaló que “los antecedentes podrían revestir caracteres de delitos de cohecho, con su relato de soborno, y eventuales delitos tributarios”.
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La Fiscalía comunicó que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió abrir de oficio una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera y su familia, por los hechos que los relacionan a la compraventa de Minera Dominga en 2010, todo en Islas Vírgenes Británicas.
El hecho fue descubierto en medio de una investigación internacional denominada «Pandora Papers» y generó un sinfín de críticas contra el Mandatario debido a su eventual vinculación, pese a que en reiteradas ocasiones desde La Moneda se defendieron diciendo que no tuvo conocimiento del negocio hasta después de terminar su primer mandato.
Pese a ello, desde el Ministerio Público decidieron abrir esta nueva investigación, ya que, según detalló la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera, los nuevos antecedentes pueden “revestir caracteres de delitos de cohecho con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios que, en definitiva, serán todas objeto de una investigación”.
La autoridad detalló que la investigación, atendida a la complejidad del caso, estará a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, ya que la decisión fue tomada “teniendo en consideración un informe que se nos ha solicitado como unidad especializada anticorrupción que decía relación principalmente con verificar si los hechos ya habrían sido investigados y, por lo tanto, habría recaído una decisión judicial a su respecto, que como sabemos es la decisión de sobreseimiento definitivo que recayó en una causa”.
Respecto a esa investigación, Herrera recordó que en ese momento fue denominada como “caso Exalmar” y que “tenía alguna arista relacionada con la Minera Dominga. La Unidad Especializada Anticorrupción emite una opinión técnica, y la opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del 4º Juzgado de Garantía del año 2017”.
“Esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión, por ende, no estarían amparados por el efecto de la cosa juzgada y, por lo tanto, lo que corresponde ante esa situación es investigar. Al Ministerio Público, como todos sabemos, le corresponden la función de investigar los hechos que revistan caracteres de delito. Todos lo que ocurra en el curso de esa investigación y las decisiones jurisdiccionales que correspondan, en definitiva, deberán llevarse a cabo dentro del marco de esa investigación”, expuso.
En esa línea, aclaró que “los hechos que nosotros estimamos que deben ser investigados el día de hoy tienen que ver con las posteriores o quizás coetáneas, pero negociaciones relativas a la compraventa de la Minera Dominga”.
“Los primeros (hechos) se refieren particularmente a que el Presidente habría intervenido, supuestamente, para detener Barrancones con el objeto de que allí se instalara Dominga, hechos en 2017. Los hechos actuales, que nosotros estimamos deben ser investigados, corresponden a la compraventa de la Minera Dominga”, agregó.
“Si están prescritos (los delitos) o no, eso es algo que también deberá verificarse en el transcurso de una investigación, porque para eso necesitamos llegar a antecedentes respecto de si hubo negociaciones posteriores, la ejecución de los pagos, etc, y todo eso justamente se esclarece con una investigación, que es lo que nos parece que debe realizarse”, comentó Herrara.
“No hay ningún plazo asociado, pero sí creemos que, evidentemente, es una investigación que debe tener tiempos muy acotados. Son hechos que deben ser esclarecidos prontamente, creo que sobran las razones para esos efectos, por lo tanto, nos vamos a preocupar de que efectivamente sea así”, cerró.
PURANOTICIA
