El diputado Raúl Soto (Partido por la Democracia) destacó que el impuesto a los "súper ricos" permitirá "recaudar 1.500 millones de dólares anuales.
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Desde la oposición hicieron un llamado al Gobierno a no acudir al Tribunal Constitucional para frenar el impuesto a los "súper ricos", incluido el proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La indicación fue presentada por la centroizquierda en la Comisión de Hacienda y propone un tributo del 1,5% a personas naturales cuyo patrimonio exceda los cinco millones de dólares.
Si bien el injerto fue aprobado este lunes junto con el resto del proyecto de recaudación de la PGU en la Cámara de Diputados, desde el Ejecutivo hicieron reserva de constitucionalidad y podría llevarlo al TC.
Después de la votación en la Sala, el diputado Alexis Sepúlveda (Partido Radical) señaló que "dos hechos sustanciales que quedaron de manifiesto. Primero, que el proyecto cuenta con un amplio respaldo, tal como está, incluyendo al impuesto a los súper ricos. No hubo una petición de votarlo de manera separada".
"Y un segundo hecho, donde emplazamos al Gobierno, es que solamente este lunes, el proyecto se podría demorar por la acción del Ejecutivo, no por la acción de la Cámara de Diputados o el Senado", añadió.
"La reserva de constitucionalidad es un derecho del Gobierno, algunas veces le ha ido bien en el Tribunal Constitucional, otras veces le ha ido mal. Pero nosotros pensamos que este proyecto tal como está, incluido el impuesto a los súper ricos y el perfeccionamiento que se puede hacer en el Senado, cuenta con los votos", recalcó.
En la misma línea, su par Raúl Soto (Partido por la Democracia) destacó que el impuesto a los "súper ricos" permitirá "recaudar 1.500 millones de dólares anuales adicionales para poder financiar una mejora importante en las pensiones de los chilenos y chilenas".
Soto remarcó que el injerto en cuestión fue aprobado por los diputados de Gobierno. Por lo tanto, el ministro de Hacienda y de Trabajo están solos en esto, porque la aprobación fue por unanimidad. Le pedimos al Gobierno que se pongan una mano en el corazón, que piensen en los jubilados del país y que no dilaten esta iniciativa yendo al Tribunal Constitucional".
"Y si tienen dudas sobre la recaudación que este impuesto va a tener, pongan otra alternativa sobre la mesa. Hablemos sobre el royalty minero, de otras exenciones tributarias. Hablemos como financiar y hacer sostenible esta iniciativa en el largo plazo, con el 100% de su costo", complementó.
En tanto, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) fue más crítica al indicar que "sería impresentable que este Gobierno enviara al Tribunal Constitucional. Y sería impresentable porque iría con la firma del Presidente de la República, porque él es un incumbente en este proyecto, y porque sí tiene que pagar, porque es de los súper ricos de este país.
"(Piñera) estaría diciendo a los chilenos y chilenas que no quiere pagar un impuesto que este Parlamento ha dicho que se tiene que pagar. Es un incumbente, porque es de los 'súper ricos' de Chile. Lo que tiene que hacer, es obedecer hoy día a la Cámara de Diputados para que él pague, como cualquier otro ricos, el impuesto que corresponde", acusó.
Asimismo, su par Jaime Naranjo (PS) consignó que "todos los argumentos que dio el Gobierno y la derecha, en el sentido que queríamos postergar la tramitación de este proyecto para que fuera firmado y llevado a la práctica en el gobierno del presidente Boric, han caído".
"Hemos demostrado tener la mejor voluntad para que se legisle sobre esta materia y se apruebe a la brevedad. Por eso, le pido al señor Piñera que no vaya al Tribunal Constitucional, porque usted va a ser el único responsable que la PGU no se paga en febrero. Si esto no se paga en febrero, va a quedar demostrado que el señor Piñera tiene conflicto de intereses", sentenció.
Cabe señalar que las tres fórmulas propuestas por el Gobierno para financiar la PGU son la reducción y eliminación de las exenciones tributarias; la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026); y la reducción del aporte mínimo obligatorio que anualmente debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) de 0,2% a 0,1% del PIB
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