Alcaldesa de la Ciudad Jardín deberá prestar declaración en el marco de una de las aristas de presuntas irregularidades cometidas en el área financiera de la Municipalidad.
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A partir de diligencias solicitadas por los querellantes del denominado caso «Horas Extras» en la Municipalidad de Viña del Mar, la Fiscalía solicitó la citación a declarar, en calidad de imputada, a la alcaldesa Virginia Reginata, por su presunta responsabilidad en estos hechos que, si bien fueron investigados entre julio de 2014 y marzo de 2015, datan -según los querellantes- de al menos el año 2010, puesto que la primera querella fue presentada el año 2012.
Según informó el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), Patricio Toro, "respecto de diligencias que Fiscalía ha dispuesto ya en esta nueva etapa judicializada de formalización de cargos, a partir de diligencias solicitadas por los querellantes, en representación de la concejala Marcela Varas y los diputados Rodrigo González y Daniel Verdessi, se ha dispuesto, en el transcurso de los próximos meses, la citación a la Alcadesa de Viña del Mar (Virginia Reginato), en calidad de imputada".
De igual forma, precisó que esta medida también se hace extensiva a "otros dos funcionarios municipales, en calidad de testigo, precisamente a propósito de aclarar su intervención en estos hechos y precisar, de alguna forma, la manera en cómo ellos tomaron conocimiento y qué grado de intervención tuvieron, sobre todo la alcaldesa, puesto que ha sido citada en calidad de imputada, evidentemente que con los resguardos de la ley del caso, podrá dar a conocer su planteamiento y los antecedentes que maneja respecto a esta imputación por horas extras".
Cabe precisar que esta información se dio a conocer en el marco de la audiencia de formalización de dos altos directivos de la Municipalidad de Viña del Mar y de un contador que forma parte del área de Finanzas, a los cuales se les imputaron cargos por el delito de fraude al Fisco: se trata de Pablo Staig Araujo, ex Director (s) de Administración y Finanzas y Administrador Municipal; y de Manuel Echeverría León, director del Departamento de Finanzas; además de Javier Garrido Vásquez, contador de la Sección de Remuneraciones.
"Se les imputaron delitos de fraude al Fisco del artículo 239 del Código Penal, por su participación en ello, a partir de hechos verificados entre julio de 2014 y marzo de 2015. A partir de esa comunicación de cargos, se planteó al tribunal la aplicación de medidas cautelares, que se consideraron adecuadas al tiempo transcurrido de la investigación y a intervención de los imputados a partir de la concurrencia a la Fiscalía a prestar declaración. Por ello, el tribunal accedió a la firma mensual en el caso de (Javier) Garrido y quincenal en caso de (Pablo) Staig y (Manuel) Echeverría, fijándose plazo de investigación de cinco meses para el desarrollo de las diligencias", precisó el fiscal Toro.
En cuanto a los montos defraudados que se pudieron acreditar en estos tres imputados, el persecutor sostuvo que "se logró acreditar, hasta ahora, un perjuicio a las arcas municipales y, en consecuencia al Fisco, de $56 millones y fracción, a propósito de pagos por horas extras proporcionales indebidamente pagados a diversos funcionarios municiaples, mes a mes, en estos nueve meses que he señalado".
Acerca de la penalidad que arriesgan, atendida la cuantía de lo defraudado, el fiscal Toro dijo que "es una penalidad que se mueve dentro del presidio menor máximo al presidio mayor mínimo. Esto es tres años y un día a 10 años, que es el tope o rango de pena que se podría aplicarse a los imputados, sin perjuicios de las circunstancias modificatorias que pudiesen finalmente fijar el tramo de pena a aplicar en ellos. Al menos respecto a los tres imputados, tienen a su favor el beneficio de la irreprochable conducta anterior, pero ese es el tramo de pena que arriesgan".
En cuanto a los hitos investigativos que ha tenido este caso por parte de la Unidad Anticorrupción, cabe recordar que parte fundamental han sido los informes elaborados por Contraloría, siendo el primero de ellos el emanado el 2015 y el último en enero de 2019, lo que ha llevado al Ministerio Público a investigar los hechos señalados. A partir de ahí, se decidió separar e tres las aristas las diversas investigaciones relacionadas a las arcas financieras de la Municipalidad de Viña del Mar: una de pago a proveedores de la Municipalidad; otra relativa a déficit presupuestario; y otra del pago de horas extras.
"Respecto a estos hechos investigados, tuvo especial relevancia el informe de Contraloría 438 del 2015, que acotó un campo de investigación de irregularidades en este sentido. Entre julio de 2014 y marzo de 2015, a partir de evidentemente los números globales que el informe de Contraloría abarca, propio de cualquier revisión general que se hace a la inversión de recursos por parte de un municipio, la tarea de la Fiscalía, de esta Unidad Regional, consistió en precisar cuáles de esos pagos asociados a horas extras que, evidentemente corresponde en algunos casos correctamente a pagar a funcionarios municipales, cuáles de esos no correspondía pagar o en cuáles de esos había algún tipo de irregularidad o comisión del algún ilicito", explicó Toro.
Determinado eso, "a partir de sucesivas dirigencias, numerosas declaraciones de funcionarios municipales de la Contraloría Regional, de abundante documentación obtenida desde la Municipalidad de Viña del Mar y desde la propia Contraloría Regional, se logró precisar adecuadamente el tiempo y los montos involucrados en pagos indebidos o dolosos de horas extras a ciertos grupos de funcionarios respecto a los cuales no correspondía hacerlo, un antecedente complementario que también sin duda me ayudó a despejar".
PURANOTICIA
