Comunidad presentó un recurso asegurando que por falta de fiscalización se ven afectados por los desórdenes generados por quienes concurren a restaurantes, pubs y discotecas de la población Vergara.
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En una situación similar a la acontecida el pasado 20 de febrero con la comunidad de la plaza Aníbal Pinto, en Valparaíso, la Corte de Apelaciones resolvió acoger un recurso de protección presentado por vecinos de la población Vergara, en Viña del Mar, quienes manifestaban que producto de la falta de fiscalización se vulneraban sus "garantías constitucionales".
La acción de la comunidad viñamarina fue dirigida en contra de la Municipalidad de la Ciudad Jardín -representada por la alcaldesa Virginia Reginato- la Seremi de Salud y la Gobernación Provincial, por lo que estos mismos organismos deberán reforzar las fiscalizaciones para velar por el cumplimiento de sus derechos constitucionales.
En concreto, los vecinos manifestaron que "debido a la falta de fiscalización de la autoridad pública, se ven afectados por los desórdenes generados por personas que concurren a restaurantes, pubs y discotecas ubicados en la población Vergara, tales como ingesta de alcohol en la vía pública, emisión de orinas y fecas, conductas sexuales impropias, prostitución, tráfico de drogas, asaltos y balaceras".
A ello se suman los "permanentes ruidos molestos producidos por los restaurantes, pubs y discotecas que funcionan en la población Vergara, debido a la música a alto volumen, gritos y bulla que se genera por el numeroso público que comparte en mesas al aire libre, en sus jardines, patios interiores, terrazas en segundos pisos y/o veredas, en donde han instalado mesas, parlantes y pantallas gigantes de televisión".
Acogiendo esta solicitud planteada por los vecinos viñamarinos, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictaminó que "la labor fiscalizadora de cada ente estatal recurrido, dentro del ámbito de sus atribuciones, debe acrecentarse y ser ejercida de manera tal de cautelar los legítimos derechos de los vecinos del sector (...), garantizados constitucionalmente, conciliándolos con la actividad turística que se desarrolla en esta zona, la que se acrecienta los fines de semana, feriados y época estival".
Esta situación fue celebrada por la comunidad de la población Vergara, cuya representación fue llevada a cabo por el abogado Paulo Pérez, quien dijo a El Mercurio de Valparaíso que "los vecinos están muy contentos, pues se constata que la fiscalización que efectúa la Municipalidad, la Seremi de Salud, la Gobernación y Carabineros no ha sido lo suficientemente efectiva en la protección de sus derechos fundamentales".
Pese a que el fallo ordena aumentar las fiscalizaciones, desde la Municipalidad de Viña del Mar, mediante un comunicado, destacaron que la Corte señala que "contradiciendo la falta de fiscalización y omisión de control por parte de los recurridos, estos (Municipio y Carabineros) han acompañado diversos antecedentes que demuestran que sí han inspeccionado los diversos lugares en que funcionan pub, bares, restaurantes y otros lugares de esparcimiento, cursando las denuncias por las infracciones constatadas".
Además, desde el municipio indicaron que "la sentencia consideró tanto los permisos otorgados a los comerciantes que cuentan con patente comercial habilitante para su actividad como la labor inspectiva que la Municipalidad realiza en esta materia", y que "es así que durante el 2018, y hasta el 9 de agosto, el Municipio cursó las infracciones correspondientes tras la realización de 204 fiscalizaciones efectuadas a establecimientos que expenden alcohol, especialmente a los que no cuentan con patente municipal para ello ni para mantener mesas y sillas en bienes nacionales de uso público".
PURANOTICIA
