La "Operación Alto Voltaje" revelada el 8 abril pasado consiste en una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
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La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó las prisiones preventivas de cuatro miembros de un clan familiar imputados en el marco de la "Operación Alto Voltaje", que permitió desarticular una organización criminal dedicada al robo de cables de cobre y su exportación ilegal a China.
El tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación de Elvis Jonnathan González Almonacid, Sadrach Mesach González Almonacid, Leonardo Esteban González Cuevas y Felipe Esteban González Almonacid, imputados como autores de los delitos consumados de asociación delictiva para el hurto de cables, receptación de especies, lavado de activos, asociación Ilícita y comercio clandestino, cometidos desde 2025 a lo largo del país.
La "Operación Alto Voltaje" revelada el 8 abril pasado consiste en una investigación liderada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Se realizaron diligencias en siete regiones, con 49 domicilios intervenidos, 25 detenidos y la incautación de 187 toneladas de cobre, además de bienes y armamento asociados a la estructura delictual.
De acuerdo con los antecedentes, la organización operaba mediante una cadena logística que trasladaba el cobre robado desde distintas zonas del país hasta Iquique, donde pretendía ser exportado ilícitamente en contenedores, principalmente hacia mercados internacionales, utilizando maniobras para aparentar legalidad.
En esta fase clave del delito, la labor del Servicio Nacional de Aduanas resultó determinante. El 11 de diciembre de 2025, fiscalizadores de la Aduana de Iquique, a partir de análisis de riesgo y alerta interinstitucional, inspeccionaron seis contenedores declarados como “chatarra de cobre”, detectando inconsistencias que derivaron en un hallazgo relevante: la carga correspondía a cables eléctricos, cátodos, tubos y barras de cobre, mercancías que no califican como chatarra y que presentaban indicios de origen ilícito.
La revisión permitió establecer que 120 toneladas del material pertenecía a empresas eléctricas y que la exportadora no pudo acreditar su trazabilidad. El cargamento, avaluado en más de US$1,4 millones, fue incautado y se impidió su salida del país, presentándose una querella por contrabando y falsedad documental.
Este procedimiento se vincula directamente con la investigación de la Fiscalía de Los Lagos, confirmando el uso del sistema de exportación como mecanismo para comercializar cobre robado. Se estima que esta organización criminal realizó contrabandos de cobre por un total de US$917 millones.
Este caso se enmarca en el Plan Integrado de Fiscalización (PIF) de chatarra de cobre de Aduanas, iniciativa que busca controlar la exportación de este tipo de mercancías mediante análisis de riesgo, generación de alertas y trabajo coordinado con otros organismos del Estado.
Las cifras dan cuenta de la magnitud del fenómeno y del fortalecimiento de los controles. Durante el segundo semestre de 2025, Aduanas incautó más de 56 mil kilos de cobre en distintos procedimientos a nivel nacional, mientras que a nivel anual se registró un incremento del 79% en las incautaciones respecto de 2024, alcanzando cerca de 360 mil kilos de mercancías ilícitas detectadas.
PURANOTICIA
