El máximo tribunal rechazó el recurso de amparo de las imputadas. La red habría operado hasta marzo de 2025 interviniendo procesos judiciales en la zona.
visitas
La Corte Suprema resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra de dos abogadas imputadas por asociación criminal y otros delitos, tras rechazar el recurso de amparo presentado por sus defensas.
La decisión del máximo tribunal confirmó lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones de Concepción, que había desestimado la acción judicial interpuesta por Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara, quienes buscaban obtener su libertad.
Las indagatorias de este caso se encuentran bajo la dirección de la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso. En el marco de esta misma causa, existen otros dos individuos procesados que actualmente cumplen con arresto domiciliario: Nelson Sáez Reyes, quien se desempeñaba como funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, y Patricio Gutiérrez Marinado, exdefensor público de la misma ciudad.
Respecto al modus operandi, el Ministerio Público detalló que la presunta red delictual funcionó ininterrumpidamente entre el año 2017 y marzo de 2025. Durante ese periodo, las abogadas habrían intervenido directamente en diversos procesos judiciales. La carpeta investigativa sostiene que las mujeres lograron cooptar a un trabajador del tribunal responsable de las actas, con el objetivo de coordinar audiencias específicas con una magistrada —igualmente imputada en este caso— que terminaba fallando a favor de los intereses de las juristas.
Paralelamente, el ente persecutor se encuentra rastreando el involucramiento de terceras personas. Estos actores adicionales habrían jugado un rol clave al facilitar la extracción de datos desde los sistemas informáticos institucionales, una ventaja que las imputadas utilizaban para fortalecer las defensas de sus respectivos clientes.
El catálogo de conductas ilícitas bajo escrutinio no se detiene ahí. Se expuso además que las profesionales del derecho proporcionaban antecedentes falsos en múltiples causas, recomendaban a sus defendidos emplear dispositivos móviles complejos de interceptar y los ponían sobre aviso cuando existían diligencias de carácter reservado en su contra.
Por otro lado, el futuro procesal de la jueza involucrada y de un fiscal que también aparece mencionado en la indagatoria se mantiene en suspenso. Su situación dependerá exclusivamente de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Concepción frente a las querellas de capítulo que fueron ingresadas por la Fiscalía de Ñuble.
(Imagen: Fiscalía)
PURANOTICIA
