"En ningún país de la OCDE existe una discoteca a cielo abierto y sin aislamiento acústico como aquí" dicen los vecinos.
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Viñamarinos y residentes del sector poniente de Viña del Mar, reunidos en la Junta Vecinal Nº55 Casino solicitaron a la Contraloría Regional de Valparaíso, que inicie una investigación para recabar responsabilidades en la omisión de su labor fiscalizadora respecto a pubs, discotecas y restaurantes que se mantienen funcionando al margen de la ley.
Se trata de alrededor de 20 locales que no cuentan con sus respectivas patentes o permiso de obra, hecho que incluso, fue corroborado por la propia alcaldesa Virginia Reginato en abril de este año, según explicó María-Adela Baeza, presidenta del organismo vecinal, quien además de asegurar que esta problemática ha afectado por mas de 10 años a la comunidad, criticó al Concejo Municipal viñamarino de no interesarse por el bienestar de los ciudadanos y sólo velar por el poderío que mantiene la cámara de comercio en la comuna.
"En ningún país de la OCDE existe una discoteca a cielo abierto y sin aislamiento acústico como aquí" denuncia Baeza, quien agrega que "no sólo hablamos de personas de la tercera edad que no pueden dormir por los ruidos molestos e incivilidades, estamos hablando de niños, mujeres y trabajadores, quienes son los que le dan vida a Viña del Mar.
Las irregularidades denunciadas por los viñamarinos serán llevadas a tribunales ordinarios, según adelantó el abogado patrocinador del documento, John Parada, quien explicó que "con esto se buscará que la justicia remedie los perjuicios propios de una vulneración al derecho humano de vivir en un ambiente libre de contaminación".
El profesional agregó que "la situación podría tornarse aún más compleja para la gestión de Reginato al corroborarse una omisión a la propia ley orgánica constitucional de municipalidades que establece que las autoridades deben propender el desarrollo armónico de los habitantes asegurando sus derechos".
El abogado hizo un llamado a aumentar las sanciones y multas para los dueños de locales que no respeten la normativa legal, vulnerando los derechos humanos de la comunidad, por lo que incluso, aseguró que es necesario establecer sanciones penales ante este tipo de situaciones.
PURANOTICIA
