De acuerdo a lo informado por el Seremi de Obras Públicas, Jorge Cáceres, "el acuífero del valle de Azapa presenta un agotamiento".
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En el marco de una investigación por el robo de agua, unidades de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bridema) de la Policía de Investigaciones y personal de la Dirección Regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), llevaron a cabo operativos en los valles de Azapa y Vítor.
Las pesquisas estarían relacionadas con una investigación que lleva a cabo la Fiscalía local contra particulares del sector.
Debido a esto la PDI realizó inspecciones a diez predios que terminaron con la detención de tres personas al constatar que en las parcelas que utilizan se cometía el delito de usurpación de aguas. En la instancia también se incautaron omtobombas que se usan en la práctica ilegal.
De acuerdo a lo informado por la Seremi de Obras Públicas, Jorge Cáceres, en otros siete casos se cursaron citaciones a los infractores, debido a la ausencia de moradores o por detectarse fallas en los sistemas de extracción de descubiertos.
Cáceres advirtió que "el acuífero del valle de Azapa presenta un agotamiento que puede desembocar en un colapso si no adoptamos medidas urgentes. Esto quiere decir que hay extracciones ilegales que superan con creces los derechos que están autorizado".
Por otra parte, la autoridad indicó que los operativos se llevaron a cabo gracias a una denuncia realizada por la Dirección Regional de Aguas en febrero pasado.
"Logramos detectar pozos ilegales que estaban funcionando sin tener los derechos constituidos. Descubrimos que esta infraestructura estaba siendo utilizada para el regadío de vegetales que posteriormente son comercializados y logramos detener a tres personas, ya que detectamos que estaban cometiendo el delito flagrante de usurpación de aguas", señaló el subcomisario de la Bridema Javier Gaete.
Cabe destacar que las penas que arriesgan los infractores van desde 61 a 540 días de cárcel, sanciones administrativas que involucran multas de entre 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (de 478 mil a 869 mil pesos). En caso de reincidencia, los castigos van desde 541 días a 3 años de presidio.
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