En enero de 2019, un documento emanado por la Contraloría Regional de Valparaíso se terminó transformando en el primer paso de la "lápida política" de la mediática ex Alcaldesa de Viña del Mar.
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Corría el lunes 21 de enero de 2019 y a la luz pública salía el Informe Final Nº 577, de la Contraloría Regional de Valparaíso, el cual daba un verdadero golpe en el mentón a la administración de Virginia Reginato Bozzo (UDI), pues se confirmaba que el déficit en las arcas financieras de la Municipalidad de Viña del Mar ascendía a más de $17.500 millones, situación a la que se sumaban pagos indebidos a empresas y desembolsos por horas extras no realizadas.
Y es que a raíz de este documento, la entidad fiscalizadora de los organismos e instituciones del Estado -liderada en ese entonces por el contralor Víctor Merino Rojas- reveló un total de 56 observaciones, con diversas irregularidades detectadas al interior de la casa edilicia, conclusión a la que se llegó mediante una auditoría.
Fue justamente este Informe Final Nº 577 una de las bases que sustentó la presentación de una acusación por notable abandono de deberes en contra de la entonces alcaldesa Virginia Reginato Bozzo, acción llevada a cabo el 20 de marzo de 2019 por los concejales Laura Giannici (DC), Marcela Varas (PPD), Sandro Puebla (IND-PS) y Víctor Andaur (PC), la cual tenía por objetivo, entre una serie de puntos, que se removiera a la jefa comunal de su cargo.
No obstante a sus pretensiones, sólo después de 28 meses -vale decir dos años y cuatro meses- el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), tras una apelación a la sentencia del Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, falló en contra de Reginato por "notable abandono de deberes" durante su administración, quedando inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos, lo que genera de inmediato su cese de funciones como Concejala de la Ciudad Jardín, cargo al que llegó tras ser la primera mayoría en las últimas elecciones municipales.
De esta manera, la resolución confirma la sentencia apelada el 12 de marzo de 2021 por los mismos cuatro concejales de Viña del Mar, quienes le imputaron "haber mantenido una situación permanente de déficit financiero y ocultar la real situación financiera del Municipio de Viña del Mar, omitiendo informar en la cuenta pública realizada los años 2016 y 2017 los pasivos existentes en esas anualidades", tal como lo indicaba aquel informe de Contraloría, el cual fue destacado por el corpóreo virtual de la entidad, «Contralorito».
Y es que el Informe Final N° 577 menciona los resultados de la fiscalización al sistema de información, endeudamiento y un examen de cuenta de los saldos de ingresos y gastos al 31 de diciembre de 2017, cuyo preinforme, que data de septiembre de 2018, arrojó un total de 93 observaciones. Pese a ello, la entidad de control destacó el hecho que la Municipalidad administrada por Virginia Reginato acompañara información que permitió dar por superadas 12 de éstas, además de adoptar medidas para hacer frente a otras 25 observaciones.
Así, se informó que entre los cuestionamientos que no fueron subsanados figura que el Municipio de Viña del Mar incurrió en un déficit ascendente de $17.585.250.174 en la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, incumpliendo con ello el principio de la legalidad del gasto. También se verificó que en las cuentas públicas de 2015 y 2016 se informó un superávit en la gestión, mientras que en 2017 se dio a conocer un déficit. Pese a ello, lo anterior difiere de los antecedentes entregados por el Director de Control del Municipio de la Ciudad Jardín.
Otra objeción señalada es que al 31 de mayo 2018, la Municipalidad viñamarina contabilizó y pagó facturas por $9.583.743.047, y que devengó otras por $1.776.431.513, en circunstancias que estas correspondían a bienes y/o servicios recibidos en 2017.
Igualmente, se confirmó que el Municipio adeudaba 25 facturas por $336.683.538 a cuatro proveedores, sin que estas se encuentren pendientes en los registros de la Municipalidad. También se estableció que si la casa edilicia administrada por Reginato hubiera registrado su deuda al término del ejercicio presupuestario 2017, pudo haber advertido la existencia de gastos devengados superiores a los límites definidos en el presupuesto.
Según consta en el Informe Final Nº 577, en la fiscalización también se constató que, al menos desde el año 2015, diferentes directores de Control dieron a conocer a la Alcaldesa y al Concejo Municipal que parte del déficit presupuestario se debía a deudas no reconocidas ni pagadas oportunamente. Incluso, Contraloría estableció que el presupuesto inicial de 2017 no contempló el déficit, pese a que las autoridades ya contaban con dicha información.
En cuanto a la ejecución del presupuesto, se determinó que en 2017 el Municipio gastó más de $5.540 millones ($5.540.515.128) en horas extraordinarias, que se suman a otros $7.077 millones ($7.077.259.529) en pagos por honorarios y programas comunitarios. Ambas cifras completaron $12.617 millones ($12.617.774.657), equivalentes al 43,20% del total de gastos de personal del Municipio y un 14,93% del total de gastos del presupuesto municipal.
La Contraloría también señaló que el Municipio destinó $20 millones ($20.260.862) en honorarios respaldados con informes que son similares entre un mes y otro, sin indicar fechas, lugares u otro antecedente que permita demostrar fehacientemente la realización de las actividades detalladas. Además, desembolsó $35 millones ($35.709.773) a la empresa PROEXSI Ltda., por el módulo Inspección Municipal, pese a que éste no fue instalado.
Otra observación se vinculaba a la reparación del Reloj de Flores, donde se comprobó que cedieron 887 plantas, costeó $22 millones ($22.435.363) para ornamentación y retiro de escombros; y compró casi $2,7 millones ($2.691.780) en 3.200 especies florales. Todo ello fue entregado a la empresa Siglo Verde S.A., pese a que la responsabilidad de mantener y reponer las especies es de la concesionaria. Igualmente, se evidenció el pago de $64 millones ($64.473.910) a la empresa González y Fierro Ltda. por siete trabajadores, sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde estos se habrían desempeñado.
A su vez, se detectó que el Municipio gastó $1.044.915 en alojamiento y alimentación para los artistas que participaron en la celebración del «Año Nuevo Chino 2017», siendo que no están facultadas para utilizar fondos en este tipo de situaciones. A ello se suma el desembolso de $2.503.901 a las empresas Piamonte S.A. y Rene Godoy y Cía. Ltda., por el uso del dispositivo TAG en las autopistas Vespucio Norte Express S.A., Autopista Central S.A., Costanera Norte S.A. y Vespucio Sur S.A., sin que exista detalle de los vehículos que utilizaron tales vías.
En el último gran ítem que recoge el Informe Final Nº 577 que, recordemos, fue la gran base que derivó en el fallo por "notable abandono de deberes" contra Virginia Reginato, se indica que, mediante una visita inspectiva, se determinó que el 11 de julio de 2018, entre las 21:00 y 23:10 horas, hubo personal municipal que no fue habido en sus puestos de trabajo. No obstante, en el sistema de control horario figuran con una salida posterior a la señalada.
En esa línea, la Contraloría igualmente cuestionó que un funcionario contratado a honorarios por el Municipio, sin horario establecido, también fue contratado por las empresas González y Fierro Ltda. (de 8:00 a 17:30 horas, con posibilidades de realizar horas extraordinarias) y Alto Jardín S.A. (de 18:00 a 0:00 horas), registrando salidas en González y Fierro Ltda. que le impedían cumplir con el contrato que tenía con Alto Jardín S.A. Pese a lo anterior, se le pagó por los servicios contratados.
Es por todas estas irregularidades detectadas que la entidad fiscalizadora instruyó un sumario y ejecutó un reparo por $150 millones, aproximadamente. En paralelo, se derivaron los antecedentes sobre pagos indebidos al Ministerio Público, lo que se sumó a los sumarios ya iniciados por la propia Municipalidad de Viña del Mar.
Este revelador informe de Contraloría provocó un verdadero terremoto no sólo en la Municipalidad de Viña del Mar, sino que también en el partido que la administraba: la Unión Demócrata Independiente (UDI), pues su entonces presidenta, la senadora Jacqueline van Rysselberghe hizo eco de un documento interno de la entidad fiscalizadora, que daba cuenta que existían diversas fórmulas contables para dar con la cifra exacta de déficit en Municipios del país.
"El contralor Jorge Bermúdez debe renunciar y si no lo hace, nosotros vamos a estudiar seriamente una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes", dijo la titular gremialista el 31 de marzo de 2019.
Y es que al no existir un único criterio, el cálculo del déficit puede variar para cada Municipalidad, según la fórmula que se elija. Al respecto, Van Rysselberghe planteó que "me parece una situación demasiado grave, porque las actuaciones del contralor generan un daño político feroz y es aún más grave el que haya ocultado esta información".
Subiendo el tono de los dichos, la diputada por la región de Valparaíso, María José Hoffmann, aseguró que este hecho validaba la tesis de "persecución política", porque aseguró que era "inaceptable que un órgano independiente cometa semejantes errores con consecuencias gravísimas".
En aquel momento, la alcaldesa Virginia Reginato expuso que "la verdad tarda, pero llega. Vuelvo a repetir lo que he dicho siempre: la casa está ordenada y por eso yo estoy muy tranquila, sigo trabajando y esperaremos que esto se aclare".
PURANOTICIA
