Alcalde Jorge Sharp indicó que "es necesario remitir a este municipio toda la información relativa a los hechos que habrían motivado el uso de un arma de fuego en este contexto".
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A raíz de la detención de un joven, por parte de un funcionario de la Armada, situación que ha generado revuelo por el uso de la fuerza empleado, la Municipalidad de Valparaíso, a través de su Oficina de Derechos Humanos, oficiará a la Fiscalía local y la Armada para solicitar una investigación de este hecho.
Al respecto, Gisela Escobar, encargada del Área Participación y Derechos Humanos del municipio, detalló que "oficiaremos al Comandante en Jefe de la Armada para que entregue la mayor cantidad de antecedentes que den cuenta de los hechos que motivaron este control que se desarrolló en circunstancias absolutamente desproporcionadas e irracionales, reduciendo a este joven e inmovilizándolo en el suelo mediante una técnica sumamente peligrosa para su integridad física. Y para luego apuntarlo con la boca de un arma de guerra, como el rifle de servicio que portaba el funcionario".
"Estos hechos, además de haber sido presenciados por gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que transitaban por el lugar, atenta principalmente contra las reglas sobre el uso de la fuerza que rigen el actuar de las Fuerzas Armadas, en los controles que están habilitados para desarrollar durante el Estado de Excepción Constitucional. Protocolos y reglas que no dejan de enmarcarse en los estándares internacionales de Derechos Humanos para el uso de la fuerza, que exigen que toda actuación sea gradual, promocionada, necesaria, racional y ajustada a la legalidad", explicó Escobar.
En tanto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, indicó al comandante en jefe de la Armada que es necesario remitir a este municipio toda la información relativa a los hechos que habrían motivado el uso de un arma de fuego en este contexto. Y también, las intimidaciones y humillaciones de las que fue víctima el ciudadano, que por lo demás, fue detenido y solo se le formularon cargos por la vulneración a una medida sanitaria y no otra acción atentatoria contra la integridad del funcionario.
A su vez, señaló que "esperamos que tanto la Armada como la Fiscalía inicien las correspondientes investigaciones por lo que ocurrió. Además, es necesario esclarecer posibles delitos asociados porque del análisis de las imágenes y registros de la detención, es evidente que el procedimiento no se ciñó en lo más mínimo a los reglamentos ni estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos. El Gobierno tiene que pedir las investigaciones y dar una buena explicación. Nuestra ciudad no puede aceptar este tipo de tratos".
Finalmente, la información solicitada busca efectuar las investigaciones sumarias e impartir las sanciones administrativas necesarias para informar a la Fiscalía y al Ministerio Público de los posibles delitos asociados a este hecho; como la detención ilegal, torturas u otros delitos afines, como apremios ilegítimos u otros vejámenes que se encuentran prohibidos por el Ordenamiento Jurídico.
PURANOTICIA
