Concejal Carlos Bannen explicó que con esta acción buscan que "se determine si hay una eventual responsabilidad civil o administrativa, y para determinar eventuales responsabilidades penales".
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Ocho de los 10 concejales de Valparaíso acudieron hasta el Juzgado de Garantía de la comuna para interponer una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, en grado de desarrollo consumado, en relación a las graves irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República al interior de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval).
Se trata de los ediles Carlos Bannen González (UDI), Marcelo Barraza Vivar (DC), Daniel Morales Escudero (MVC), Eugenio Trincado Suárez (DC), Luis Soto Ramírez (UDI), Claudio Reyes Stevens (MVC), Iván Vuskovic Villanueva (PC), Ruth Cáceres Cortés (RN), quienes presentaron dicha acción judicial por delitos cometidos en contra de la Cormuval y, eventualmente, en contra de la Municipalidad de Valparaíso. Esto, sin perjuicio de que la investigación permita determinar la existencia de otros tipos penales.
Cabe recordar que Contraloría, a través de un informe, señala que tanto en el Liceo Técnico de Valparaíso como en el Liceo María Luisa Bombal se desarrollaron actividades comerciales distintas a las pedagógicas, por las que recibieron más de $490 millones ($490.649.302). Adicionalmente, los productos y servicios elaborados fueron vendidos a la propia Cormuval y a particulares. Junto a ello, se detectó que muchos de estos servicios, principalmente de coctelería, fueron realizados por alumnos y sin el debido permiso de sus padres. Es justamente por la gravedad de estos hechos que el ente fiscalizador dará inicio a un juicio de cuentas, por el reparo de cerca de $900 millones.
Los detalles expuestos en la querella criminal, documento al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, menciona en primer lugar que la denuncia por supuesta defraudación en el Liceo Técnico de Valparaíso fue dada a conocer al Concejo Municipal el 17 de mayo de 2019. Esto, en relación a las colaciones que se entregaban a los alumnos de escuelas municipalizadas, las cuales iban con cargo a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
"Durante los años 2014, 2015 y 2016, este sistema de compra y entrega de colaciones funcionó a través de licitaciones efectuadas por el sistema de Mercado Público. Sin embargo, a contar de 2017, una vez que asume esta nueva administración (liderada por Jorge Sharp), el proceso se efectuó directamente tanto por el Liceo María Luisa Bombal como por el Liceo Técnico de Valparaíso, donde el 90% le correspondió a este último establecimiento, con un monto superior a $180 millones, correspondiente a 10 meses del año 2017", señalan los concejales en su querella.
De igual forma, indican también una "elusión de impuestos y que se hacía trabajar a alumnos del establecimiento en embolsar 1.500 yogures, 1.500 manzanas y 1.500 sachet de galletas, alegando que esto no corresponde a producción de alimentos, que es lo que estudian los alumnos en dicho establecimiento educacional. Finalmente, cuestiona el origen de los fondos para comprar las colaciones y como se efectúan las rendiciones de los dineros percibidos".
También en el marco de esta denuncia presentada ante el Concejo Municipal, se informa que intervino Silvana Sáez, directora del área de Educación de Cormuval, quien expresa que "se autorizan compras de comida de acuerdo al plan de mejoras y, en caso contrario, se rechaza. Luego, expresa que los fondos SEP deben rendirse con evidencias, la que es compleja y rigurosa. Asimismo, cuenta que hay directores con facultades delegadas de administración y, en estos casos, llevan contabilidad simplificada".
Luego intervino Mario Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso y en su calidad de director del Liceo Técnico de Valparaíso, quien señala que "en la denuncia hay muchas imprecisiones y falsedades, y luego agrega que ellos como liceo rinden todo lo que gastan a la Cormuval, la que finalmente, debe aprobar dichos gastos".
Cinco días después de realizada esta denuncia, se efectuó la 15ª sesión ordinaria de Concejo Municipal, instancia en la que intervino el alcalde Jorge Sharp, quien dijo que se "imputan cuestiones que para poder ser sostenidas, tienen que ser probadas", agregando que "tendrá que ser la Contraloría la que se pronuncie al respecto" y evitar de esta manera que "por razones políticas alguien se haya querido pasar de listo".
"Para decir en los medios de comunicación, de forma anónima, que hay explotación infantil en las escuelas públicas, hay que tener pruebas y el que no tenga pruebas por una afirmación de esas características se tiene que ir preso. Y si eso lo llegamos a determinar, vamos a ser los primeros que vamos a ejercer las acciones judiciales para que esa persona, si es esta persona que firmó esa carta o sea otra que está detrás, sea quien sea, se vaya preso, porque con eso se traiciona no solamente lo que hace un proyecto educativo, sino que se traiciona la fe pública y eso me parece de una canallada del porte de un buque"., añadió el jefe comunal.
Sharp cerró su intervención asegurando que "hay una cosa que yo descarto de plano: el que existe explotación. Ese tipo de cuestiones yo le encomiendo al equipo jurídico que analice las acciones legales para hacer frente a esta situación, porque no vamos a permitir que esto suceda en Valparaíso porque al final hace tóxico el debate público".
Es en base a estas afirmaciones del Alcalde de Valparaíso, que los concejales manifiestan en su querella presentada este martes ante el Juzgado de Garantía que "a pesar de las denuncias, se nos dijo que todo estaba en orden, que todo estaba perfecto y que no existía ninguna irregularidad en el actuar de los liceos indicados". Tras ello, recordaron que el 2 de octubre, casi un año y medio después, la Contraloría emite su Informe Final N° 273/2020, que "concluye que se dan una serie de hechos irregulares que podrían revestir el carácter de delito".
La querella de los ocho ediles porteños continúa recordando lo mencionado por el ente contralor en su Informe Final Nº 273/2020, indicando que entre el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2019, al interior del Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal operaron las denominadas "áreas productivas", cuyo objeto fue la elaboración y comercialización de distintos bienes de consumo, así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, los cuales fueron vendidos a la propia Cormuval y a particulares. Por tales operaciones, los establecimientos percibieron ingresos por $490.649.302, lo que se enmarcó en el desarrollo de actividades comerciales ajenas a la finalidad pública pedagógica.
En ese contexto, el informe agrega que ambos liceos prestaron servicios de coctelería a la Comuval y a privados, utilizando a los mismos alumnos -muchos de ellos menores de edad y sin que conste que tenían autorización de sus padres- quienes se desempeñaron como garzones y cocineros, a cambio de pagos que oscilaban entre los $2.000 a los $20.000.
Otro hecho detectado indica que la Corporación Municipal pagó remuneraciones por $516.801.420 a 21 trabajadores que ocuparon parte o el total de su jornada de trabajo para cumplir labores relacionadas con el funcionamiento de las "áreas productivas", los cuales resultan improcedentes. También pagó $28.667.995 a 12 trabajadores del Liceo Técnico, por concepto de "bono de producción".
A ello se suma el pago de $172.608.477, por parte de Cormuval a ambos liceos, con cargo a la Subvención Escolar Preferencial, por la compra de buzos, poleras, corbatas, insignias, agendas, colaciones, empanadas, tortas, desayunos y almuerzos, y por los servicios de coctelería prestados por esos planteles a otros recintos educacionales. Sin embargo, no existen antecedentes que permitan acreditar la entrega de la totalidad de esas especies.
A todo lo anterior se suma que ambos liceos obtuvieron ingresos por el arriendo de sus salas de clases, canchas y patio, los que no se encontraban respaldados en contratos que indicaran la parte de los establecimientos en arriendo, el monto a cobrar y el periodo por el cual se extendía el mismo. De igual forma, el informe de Contraloría manifiesta que los referidos planteles educacionales no llevan contabilidad presupuestaria simplificada.
Los concejales expusieron en su querella que los hechos descritos se encuadran en los tipos penales establecidos tanto en los artículos 234, 236 (malversación de caudales públicos) y 239 (delito de fraude al fisco) del Código Penal, tal como lo explicó el concejal Carlos Bannen (UDI), quien indicó a Puranoticia.cl que "ocho concejales concurrimos al Juzgado de Garantía a presentar una querella por los eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, sin perjuicio que durante la investigación se determine que pueden haber ocurrido otro tipo de delitos".
"En ese sentido, señalar que los fundamentos de esta querella radican principalmente en el informe de Contraloría sobre dos liceos de la comuna donde operaban "áreas productiva". En la misma querella hacemos presente que los concejales señalamos esta situación con anticipación al alcalde Jorge Sharp, hace un año y medio, donde nos dijo que estaba todo bien, que estaba todo perfecto, pero muy por el contrario, no hay nada perfecto, hay $931 millones que la Contraloría va a iniciar un juicio de cuentas para pedir la devolución de esos dineros y claramente en nuestra labor de concejales solicitamos que determine si hay una eventual responsabilidad civil o administrativa, y que se investigue para determinar las eventuales responsabilidades penales que pueden haber tenido lugar en este caso", añadió Bannen.
Por último, el edil sostuvo que "nosotros presentamos la querella, donde se piden una serie de diligencias. Por lo pronto, hay varias personas que trabajan en la Cormuval, que deben ser citados a declarar para que den su versión de los hechos. También pedimos a organismos como la PDI que investigue estos temas. También se acompañan documentos, especialmente el informe de Contraloría, que según nuestro parecer, serían indiciarios de la comisión de un eventual delito".
PURANOTICIA
