Organizaciones de la sociedad civil y equipos parlamentarios lanzaron una campaña para que el Mandatario haga uso de las facultades expropiatorias que le entrega el Estado de Catástrofe.
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Son muchos los territorios en Chile que hoy no cuentan con la cantidad de agua necesaria para seguir dándole vida a su actividad agrícola o, incluso, para garantizar la subsistencia. La provincia de Petorca es un ejemplo, ya que hace años enfrenta una crisis hídrica sin precedentes.
Diariamente, las familias de Petorca sólo cuentan -en algunos casos- con un tercio del volumen mínimo de agua recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece que deben ser entre 100 a 150 litros por persona. Esta agua, por lo tanto, no cubre las necesidades del hogar, tales como higiene personal, consumo y alimentación, y los hogares que cuentan con abastecimiento, es solo por un breve periodo de 1 a 2 horas. Pero la realidad de la mayoría es que ya no tienen agua.
En un contexto así la crisis sanitaria cala aún más profundo. Por ese motivo, Fundación Territorios Colectivos, Terram y los equipos parlamentarios del diputado Diego Ibáñez (CS) y del senador Juan Ignacio Latorre (RD) lanzaron este lunes la campaña #ExpropiarXLaVida, cuyo objetivo es hacer un llamado al Presidente de la República para que haga uso de las facultades expropiatorias que le entrega el Estado de Catástrofe para destinar el agua a las comunidades que hoy lo requieren para subsistencia.
"Hoy más que nunca es necesario que el Presidente haga uso de las facultades que le entrega el estado de catástrofe para disponer de la propiedad del agua y así destinarlo a los territorios que lo necesitan. Este es un problema de distribución más que falta de recursos y en un contexto como este, de pandemia y crisis sanitaria, entregarle el agua a las comunidades que no tienen ni siquiera para lavarse las manos, es sentido común y un gesto de humanidad", señaló Ibáñez.
Bárbara Astudillo, activista eco-feminista de la provincia de Petorca e integrante de fundación Territorios Colectivos, comentó que "la carencia de agua en esta zona no está solo ligada a una sequia prolongada, sino que su origen está vinculado al marco legal vigente de la actual Constitución, que permite entregar derechos de agua a privados de forma gratuita, lo que constituye un aprovechamiento histórico entre quienes devastaron los cerros con la agroindustria y quienes venden agua de manera indiscriminada. Los precarizados son los que sufren indefensos ante la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua potable. En el contexto en que nos encontramos es posible expropiar los grandes tranques de los predios agrícolas. Como bomba de tiempo, los territorios claman expropiación para sobrevivir".
"Llegó el momento de terminar con el negocio de los camiones aljibe. Acá hay un problema distributivo con los derechos de propiedad del agua. En un momento de catástrofe por la pandemia, el agua debe ser considerada un bien común y un derecho humano para hacer frente a esta crisis. Desde las propias facultades constitucionales en este periodo de catástrofe, el Ejecutivo tiene las posibilidades expropiatorias de tocar los derechos de agua y distribuirlos a aquellas comunidades que están privadas de agua", declaró el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.
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