Detalles de la audiencia donde la Fiscalía Económica detectó "riesgos" en la licitación del terminal de buses de Viña del Mar
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En julio de 2019, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) le ordenó a la Municipalidad de Viña del Mar que dé inicio a un procedimiento de consulta, respecto a las bases de licitación del terminal de buses de la comuna. Esto, con el objetivo de determinar si la propuesta pública para la contratación se ajusta al decreto ley N° 211 y, en caso que corresponda, fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en las bases administrativas, para que éstas no caigan en infracciones.
A más de un año de esta solicitud, y con informes previos elaborados por diferentes organismos, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) le solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el marco de la audiencia de la causa «Consulta de la I. Municipalidad de Viña del Mar sobre propuesta pública para contratación de concesión del Terminal de Buses de Viña del Mar» que elimine las barreras competitivas existentes en este proceso y que prohíba la integración vertical entre operadores de terminales de buses y empresas de transporte interurbano.
En ese sentido, vale explicar que se generan varios factores que juegan en contra -según visión de la FNE- a la hora de tener una libre competencia en este proyecto municipal de la Ciudad Jardín. En primer lugar, se registra una alta concentración en el mercado del transporte interurbano; a esto se suma una escasa competencia en los destinos desde y hacia el terminal viñamarino; también se indica su carácter de facilidad esencial; y por último, una serie de antecedentes de conductas ilícitas.
Todo ello, a juicio de la Fiscalía Nacional Económica "ameritan la prohibición absoluta de que quienes participan en el mercado de transporte interurbano de pasajeros desde o hacia Viña del Mar, así como sus relacionadas, puedan participar y adjudicarse la administración del Terminal", según dio a conocer el abogado Alejandro Domic.
Cabe recordar que todas estas aseveraciones se realizaron luego que el diputado Marcelo Díaz denunciara en junio de 2019 que las bases de licitación, elaboradas por la Municipalidad de Viña del Mar, así como fueron presentadas, podrían generar una posible colusión de las empresas que operan al interior del rodoviario, afectando a la competencia y eventualmente a los pasajes. Fue a raíz de esto que en octubre la FNE estableció la suspensión del proceso.
En el marco de la observación al proceso de licitación, la Fiscalía Nacional Económica detectó dos tipos de riesgos: el primero habla de las condiciones de competencia y el segundo de la incidencia que tendrá el futuro adjudicatario en el mercado del transporte de pasajeros en rutas interurbanas con origen o destino la ciudad de Viña del Mar.
En cuanto a las bases de la licitación se detectó otro problema que podría ser aún más grave, pues se advirtió que éstas no contienen ningún resguardo ante la posibilidad de que el adjudicatario de la concesión esté verticalmente integrado a una o más empresas de transporte interurbano.
Otro reparo dice relación con el pago por adelantado de UF 127 mil a la Municipalidad y una renta anual de UF 9 mil, a partir del noveno año, además de la exigencia de experiencia previa restringida solo a administración de terminales.
HISTORIA DEL RODOVIARIO
Para comprender lo ocurrido, hay que remontarse a los inicios del edificio: el terminal de buses de Viña del Mar opera en la comuna desde el año 1980 cuando, con fondos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la época, se aprobó su construcción, al igual que en Valparaíso, cuestión que explica que ambos rodoviarios sean exactamente iguales.
Desde ese momento, pasaron 20 años y el terminal viñamarino se mantuvo igual, hasta que el año 2000, bajo la administración del alcalde Rodrigo González, se llamó a licitación para modificar la estructura, incorporando un segundo piso y otras obras, que permanecen hasta estos días.
Una vez concluido este proceso, en la etapa de ejecución y cumplimiento de obligaciones, la empresa a cargo hizo algunas exigencias que derivaron en acciones judiciales con la Municipalidad de Viña del Mar, entregándose a esta misma compañía, como forma de transacción, la administración del terminal, situación que se mantiene hasta el presente.
Bajo este contexto, es menéster informar que el terminal de buses de la Ciudad Jardín no está concesionado en la actualidad y que ésta es la primera vez que se hará. Aunque también hay que indicar que ésta es la segunda vez que se intenta iniciar un proceso de licitación, ya que a la primera oportunidad no se presentaron oferentes, por lo cual el Municipio liderado por Virginia Reginato debió declarar desierta la licitación.
En el marco del proceso de licitación del terminal de buses, la Municipalidad de Viña del Mar solicitó un pago por adelantado de 127.000 UF, vale decir $3.641 millones, situación que significó la presentación de reparos por parte de la Fiscalía Nacional Económica, la que en su informe entregado el 10 de octubre de 2019 señalaba que "no se observa que el pago por adelantado se encuentre debidamente justificado".
En ese sentido, el abogado de la casa edilicia viñamarina, Gonzalo Góngora, explicó en la audiencia donde se revisó la consulta, que este pago por adelantado se cobra porque "tenemos necesidades indispensables que cubrir, pero no es la única razón. El Casino de Viña del Mar ya no funciona, no tenemos ningún ingreso por la explotación del Casino por la pandemia; tenemos el comercio completamente paralizado; no tenemos pago de patentes municipales; no tenemos pago de patentes de vehículos motorizados; tenemos 37 proyectos de obras que se estaban ejecutando, y que tenían que pagar derechos, pero que no se están pagando".
Dicho esto, el profesional dio a conocer los argumentos que tuvieron para cobrar esta cantidad de dinero: en primer lugar, se tomaron en consideración los ingresos que percibe el actual administrador del terminal de buses, que en el mejor de los casos, obtiene 33.000 UF ($946 millones).
En segundo caso, para calcular lo que hoy sería la renta anual que percibiría el concesionario que se adjudicase esta concesión, se tomaron los valores a la mitad, arrojando 17.724 UF ($508 millones).
El tercer y último elemento considerado por el Municipio de la Ciudad Jardín para poder estimar el monto de esta renta inicial dice relación con que el concesionario que se adjudique el rodoviario va a tener un periodo de gracia entre el segundo y el octavo año, donde "no va a efectuar pago alguno al municipio", según indicó Gonzalo Góngora, quien agregó que "eso no está dicho y la FNE se lo reservó".
Tomando en consideración la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de la Libre Competencia, Puranoticia.cl conversó con el concejal Jaime Varas (UDI), al ser el edil más cercano a la alcaldesa Virginia Reginato y, por ende, a su administración.
Al respecto, Varas sostuvo que "existiendo dudas razonables respecto de las limitantes o restricciones que puedan surgir en el marco de la libre competencia, lo prudente indica esperar la resolución final del Tribunal de la Libre Competencia".
"Ahora, este tribunal puede establecer restricciones o cláusulas que garanticen la libre competencia. Ello definirá el marco de la próxima licitación", sentenció el edil gremialista.
Por su parte, la concejala Marcela Varas (PPD) dijo sobre este tema que "es fundamental que se consideren todas las condiciones, no sólo del momento actual, sino también a futuro y se pueda lograr un escenario que permita una licitación que responda a los intereses de la ciudad".
PURANOTICIA
