La sentencia del máximo tribunal confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión.
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La Corte Suprema ratificó una sentencia que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de más de cuatro mil quinientos millones de pesos a un grupo de ex prisioneros políticos que permanecieron entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en el centro de detención de Isla Dawson, en la Región de Magallanes.
En fallo unánime la segunda sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemûller, Haroldo Brito y el abogado (i) Jaime Rodríguez Espoz– rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar 150 millones de pesos a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes.
La sentencia de la Corte Suprema confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y sicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión de la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet.
"Atendida la gravedad de las violaciones a los Derechos Humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes, es que se accedió a la pretensión de los demandantes, como colofones de un inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia", sostiene el fallo que favorece en su mayoría a ex presos políticos con residencia en Punta Arenas.
Asimismo, la resolución considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional.
La isla Dawson servía de base para un campamento de ingenieros de la Armada y funcionó como campo de reclusión de detenidos políticos bajo la jurisdicción de la División del Ejército con asiento en Punta Arenas. Además de los presos políticos locales, a la Isla Dawson fueron llevados más de treinta jerarcas de la Unidad Popular, entre ellos Clodomiro Almeyda, Orlando Letelier y Luis Corvalán.
Pn/ci
AGENCIA UNO
