Diputado Andrés Longton aseguró que "nuevas víctimas y nuevos sufrimientos" son las consecuencias de la decisión adoptada por la presidenta de la Comisión de Libertad Condicional que el 2017 otorgó el beneficio a más de 700 reos de la región.
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Año 2016. La Comisión de Libertad Condicional de la región de Valparaíso otorgó este beneficio a 788 internos de cárceles de la zona, sin tener en cuenta que en al menos 528 casos habían informes negativos por parte de Gendarmería. Dicha liberación representó un 34,8% del total nacional y entre los beneficiados se encontraba Hugo Bustamante, imputado por el crimen de la adolescente Ámbar, quien fuera violada y asesinada en la comuna de Villa Alemana.
Este hecho generó que un grupo de diputados, encabezados por Andrés Longton (RN), presentara una acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidiera dicha Comisión de Libertad Condicional. No obstante a los argumentos esgrimidos, el Senado decidió rechazar la dos capítulos del líbelo acusatorio, dejando sin castigo a la ministra del tribunal de alzada por su responsabilidad en esta bullada decisión.
Y es que este tema vuelve una vez más a la palestra, luego que este martes 15 de junio se conociera que Luis Maureira Gallardo, otro de los reclusos beneficiados con la libertad condicional del año 2016, fuera sentenciado a una pena de 20 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual, hechos cometidos entre 2018 y 2019 en la laguna Sausalito de Viña del Mar.
Los crímenes ocurrieron en la laguna Sausalito, "mismo lugar donde Maureira fue visto, nada menos que, oculto entre unos pastizales, individuo cuyas características físicas coincidían con las dadas por las victimas que, hasta ese momento, habían denunciado actos sexuales vejatorios, particularmente en cuanto a su estatura, su contextura, y vestimenta", según reza el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar.
El hecho cobra aún mayor relevancia, al tomar en cuenta que el sujeto ya había sido condenado el año 1999 a 15 años de cárcel efectiva por violación y a cinco años por robo, hechos que también cometió en la Ciudad Jardín. Y es que pese a este nutrido prontuario, el delincuente fue beneficiado con la libertad condicional, tras la deliberación de la comisión presidida por la jueza Silvana Donoso.
Esta situación fue analizada en profundidad por el diputado Andrés Longton, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "se repite un caso más en los cuales ella (Silvana Donoso) liberó el 2016. Este es un caso que, además, tenía informe negativo de Gendarmería. El primer semestre de 2016, más de 700 tuvieron informe negativo y fueron liberados, más del 93% de los internos fueron liberados, y muchos de bastante peligrosidad como es el caso de Maureira".
"La verdad es que cuando hay informes negativos de Gendarmería, sobre todo cuando se habla de agresores sexuales, es más delicado aún porque la probabilidad de reincidencia es bastante alta. Vemos no sólo el caso de Hugo Bustamante, sino que también hubo otros reos de alta peligrosidad que soltó la jueza Silvana Donoso y que volvieron a reincidir. Ahí se corrobora la tesis que planteamos en su momento: que al no mirar los informes, al revisar cada caso en no más de un minuto, era imposible cerciorarse si estos internos seguían siendo peligrosos para la sociedad", añadió.
Longton sostuvo también que "Maureira es un caso más de los muchos que lideró la jueza Silvana Donoso y que volvieron a reincidir. Yo me acuerdo de este caso porque él volvió a cometer este delito el 2019 y la verdad es que obviamente es algo muy delicado, porque se pone en riesgo a toda la sociedad, eso es lo más complejo. Cuando se liberan personas con ese nivel de negligencia, sin poner el mínimo de atención respecto a las consecuencias que puede generar la libertad de un tipo de alta peligrosidad, bueno, estas son las consecuencias: nuevas víctimas y nuevos sufrimientos".
Además, el parlamentario de Renovación Nacional planteó que "hay muchos casos, no es el único, pero obviamente que esto tiene una mayor repercusión en la opinión pública porque son casos que se podrían haber evitado. Este tipo debió haber seguido preso, porque no estaba rehabilitado para la vida social, como lo establece el decreto ley de la libertad condicional. Obviamente que este caso, a todas luces no era así, pero la comisión lo desestimó y la sociedad completa está sufriendo las consecuencias de las malas decisiones y las negligencias que ocurrieron en esa comisión el año 2016".
Consultado acerca de si pretende emprender nuevas acciones en contra de la jueza Donoso, el legislador de Chile Vamos aseguró que "con la acusación consitucional que rechazó el Senado se agotaron para nosotros las instancias, pero no desde el punto de vista de las funciones que tengo en el Congreso. Por eso, adquiere mayor relevancia para los parlamentarios, porque estamos discutiendo en la Comisión de Seguridad cuatro proyectos de ley que tienen que ver con la posibilidad de otorgamiento de libertad condicional y que se cruzan con casos como éste".
Así es como recordó iniciativas de su autoría, que están con urgencia en la Comisión de Seguridad, tales como poner mayores requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional; subir la pena del homicidio simple; que las comisiones de libertad condicional no tengan una jueza de Corte liderándolos, ya que eso inhibe a los de menor jerarquía al momento de pronunciarse; y que los centros penitenciarios sean fundamentales a la hora de decidir la libertad condicional. Junto a ello, mencionó que es importante "que la víctima sea escuchada, porque está absolutamente invisibilizada y queremos que tenga un rol preponderante, porque ni siquiera se les notifica cuando se estudia una libertad condicional".
Finalmente comentó que "una buena noticia que tuvimos después de la acusación constitucional, es la discusión de las libertades condicionales otorgadas, porque se empezó a revisar con mayor rigurosidad los informes de Gendarmería. Previo a la acusación constitucional, en abril se otorgaron más del 30% en la región Metropolitana y en la región de Valparaíso, y después de la acusación esto bajó drásticamente a un 5%. Entonces, si bien, no fue aprobada la acusación constitucional, sí tuvo un efecto importante desde el punto de vista de la visibilización y cómo deben estudiarse estos casos respecto a la posibilidad de liberar o no a personas que pueden generarle mucho daño a la sociedad".
PURANOTICIA
