En la investigación de este caso ya se ha formalizado a otras trece personas, entre ellos al alcalde suplente de esta localidad.
visitas
La Fiscalía de Atacama formalizó este viernes a un concejal de la municipalidad de Tierra Amarilla, ello como parte de una extensa investigación por delitos de fraude al fisco y cohecho, ambos reiterados, en que ya se ha formalizado a otras trece personas, entre ellos al alcalde suplente de esta localidad.
La audiencia fue asumida por el fiscal de la especialidad de delitos económicos de la Fiscalía Local de Copiapo, Luis Miranda Flores, quien en esta oportunidad comunicó los hechos materia de la investigación en contra del actual concejal, Boris Pérez.
En su argumentación, Miranda indicó que a partir de actuaciones irregulares del edil investigado, se generó un perjuicio de 15 millones 168 mil pesos que, a manera de sobresueldo, fueron a parar a manos del imputado.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Atacama, el imputado junto al alcalde suplente, Mario Morales, actualmente en prisión preventiva, contrataron a un arquitecto en modalidad de honorario para cumplir funciones en la Secretaría Comunal de Planificación de la municipalidad de Tierra Amarilla, y quien bajo amenaza de perder su empleo debía entregar parte de sus honorarios, aumentados de forma artificial, al mencionado concejal. Acto ilícito que se reiteró desde el año 2017 hasta febrero de 2020. Todo ello, afectando el erario público y los recursos económicos de este municipio.
En su exposición el fiscal Luis Miranda dio cuenta de prueba documental que ya forma parte de la carpeta investigativa de este caso, además de conversaciones vía WhatsApp e interceptaciones telefónicas. Material que evidencia el actuar irregular del concejal detenido.
Considerando estos antecedentes y debido a la gravedad de los delitos y las penas que arriesga de acuerdo a la ley vigente, la Fiscalía de Atacama solicitó en contra del imputado la medida cautelar de prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Petición a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que actúa como querellante en la causa.
En su resolución el juez de turno argumentó que los antecedentes dados a conocer por la Fiscalía, justificaban la existencia de los delitos formalizados y accedió a la solicitud del Ministerio Público ordenando el ingreso del imputado a la cárcel de Copiapó.
PURANOTICIA
