Se fijó hasta el 30 de noviembre el plazo de investigación, en la cual el alcalde suplente Mario Morales y otras 11 personas se encuentran en prisión preventiva.
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El Juzgado de Garantía de Copiapó dejó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición absoluta de comunicarse con otros imputados a los contratistas R.E.C.F. y C.F.B.C., tras ser formalizados por fraude al fisco y cohecho, en el caso de corrupción en la comuna de Tierra Amarilla.
En audiencia, el magistrado Álvaro Fernández dispuso que personal de Carabineros controle el cumplimiento del arresto domiciliario total de los imputados, a través rondas aleatorias. Además, fijó hasta el 30 de noviembre el plazo de investigación, en la cual el alcalde suplente Mario Morales y otras 11 personas se encuentran en prisión preventiva.
Según expuso la Fiscalía Regional de Atacama en la audiencia, el alcalde suplente Mario Morales y funcionarios municipales ya imputados en la causa, con el propósito de obtener el pago periódico de sumas de dinero por parte de contratistas del municipio y a costa del erario público, montaron un sistema de favorecimiento de adjudicación dirigida de contratos municipales a cambio del pago de un porcentaje del valor de los contratos adjudicados.
En el caso de R.E.C.F., representante legal de la empresa contratista Santa Juana, en agosto de 2018 una funcionaria municipal, con el acuerdo del alcalde suplente, le ofreció la adjudicación del proyecto "Mejoramiento sector centro comuna de Tierra Amarilla", que el imputado aceptó.
Para ello, envió a la funcionaria municipal un proyecto de presupuesto por $49.623.571, que incluía para el imputado una utilidad de 10 millones 500 mil pesos, proyecto que posteriormente fue aumentado a $87.854.720. La diferencia correspondía del beneficio económico irregular. Finalmente, el proyecto fue adjudicado el 19 de diciembre de 2018 a Santa Juana.
El contratista comenzó a recibir los pagos por el contrato a través de transferencias de las cuentas corrientes del municipio, en tanto que en enero y febrero de 2019, el imputado entregó el dinero correspondiente a las coimas en distintos lugares públicos de Copiapó, totalizando un perjuicio al erario municipal de $23.897.713.
En tanto, en agosto de 2019, otra funcionaria municipal con el alcalde de Mario Morales, previo a que se publicara las bases de licitación, solicitaron a la contratista C.F.B.C. el pago del 10% del contrato del proyecto "Desratización municipal comuna de Tierra Amarilla" a cambio de un beneficio económico que aceptó.
Los imputados acordaron incrementar el costo global del contrato para que los costos fuesen aportados por fondos públicos. Fue así que C.F.B.C. envió un presupuesto, que fue aumentado por dos funcionarias municipales en un 10%, pasando el monto inicial de $64.239.500 a $70.329.405 y adjudicado a la imputada el 22 de agosto de 2019.
Tras la adjudicación, la imputada comenzó a recibir las transferencias desde las cuentas corrientes del municipio y, en septiembre de 2019, pagó la coima correspondiente por $7.329.405.
Con la misma modalidad, en diciembre de 2019, C.F.B.C. se adjudicó el proyecto "Fumigación de viviendas y desparasitación de mascotas comuna de Tierra Amarilla", por un monto de $66.788.480. Después de recibir el dinero, en febrero de 2020, la imputada pagó la coima del 10% de dicho monto.
En la audiencia el fiscal Luis Miranda a cargo del caso detalló que existen antecedentes que dan cuenta del modo de operar de los investigados, tales como audios, correos electrónicos y declaraciones de los propios imputados. Trabajo investigativo detallado que se mantiene en desarrollo con los funcionarios de la Bridec de la PDI, siendo además querellante en esta causa el Consejo de Defensa del Estado.
PURANOTICIA
