Abogado Rodrigo Díaz presentó un recurso de protección contra la Municipalidad de Valparaíso, la Seremi de Salud y la Gobernación Provincial, acusando nula fiscalización en la zona.
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El abogado porteño Rodrigo Díaz Yubero presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a través de la plataforma digital del Poder Judicial, en contra de la Municipalidad de Valparaíso, la Seremi de Salud y la Gobernación Provincial, por la proliferación del comercio ambulante en el sector de plaza Aníbal Pinto.
A juicio del profesional, además de ser ilegal, el comercio ambulante constituye "un grave factor de riesgo que acelera la velocidad de propagación del Covid-19, comprometiendo de modo grave la salud de quienes residen y trabajan en dicho sector", según manifestó.
En ese sentido, el recurso denuncia que "pese a las insistencias, llamados, requerimientos y pronunciamientos de particulares, entidades privadas e incluso públicas a nivel regional y nacional, existen todavía personas que se niegan a adoptar una conducta acorde con la situación de emergencia descrita".
El documento agrega que "a pesar de haber obtenido este recurrente una sentencia favorable que ordenaba a los recurridos fiscalizar en el radio de la plaza Aníbal Pinto situaciones relativas al comercio ilegal y a hechos que puedan constituir riesgo para la salud de las personas, ello no ha ocurrido".
"Al día de hoy, continúa habiendo grupos de personas que se apostan y aglomeran en la vereda contigua a la salida principal del edificio Cooperativa Vitalicia, inmueble emplazado en un costado de la plaza Aníbal Pinto, donde se siguen reuniendo a beber alcohol y drogarse, y continúan vendiendo ilegalmente artesanías, alimentos y bebidas en la vía pública", añade.
Acerca del rol que le cabe a la Municipalidad de Valparaíso, el abogado Rodrigo Díaz expusó que "no se observa una acción del Municipio en torno a que se acaten las normas impositivas que estas personas deben cumplir, pues carecen de patente municipal y tampoco pagan los impuestos sobre su actividad lucrativa".
En relación a la Gobernación Provincial de Valparaíso, señala que "tampoco se observa alguna conducta de parte de la Gobernación, que es la encargada de la seguridad y vigilancia de los bienes del estado".
En cuanto a la Seremi de Salud, indica que "debiendo fiscalizar y adoptar las medidas tendientes a la eliminación de aquellos factores que puedan comprometer la salud en general, sin embargo no lo hace".
"Es precisamente aquella falta del deber de fiscalización el que se reprocha en el recurso, puesto que a pesar de la ilegalidad y de la situación de riesgo que supone la existencia de comerciantes ilegales emplazados y aglomerados en el entorno de la plaza Aníbal Pinto, especialmente en el contexto de una epidemia tan grave como el Covid-19, la autoridad omite fiscalizar con la frecuencia adecuada en el ejercicio de aquellas potestades de las que dispone y que son aplicables".
Cabe indicar que la Corte de Valparaíso deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y eventualmente, ordenar que informen los recurridos, lo que deberá ocurrir dentro de los próximos días.
PURANOTICIA
