En la sesión se contó con la presencia del ministro del ramo, Lucas Palacios, quien además se refirió al texto que busca exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado.
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La Comisión de Economía continuó con la tramitación del proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena y de la iniciativa que busca exigir que toda inversión extranjera, en empresas estratégicas, sea autorizada por ley de quórum calificado.
En cuanto a la primera iniciativa, el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que el texto es de una alta importancia. "Sabemos que la libre competencia es esencial para la economía, porque empareja la cancha para todos los actores económicos. Es clave para una sociedad más justa y por eso la relevancia de un proyecto como el que se presenta".
En ese sentido, el secretario de Estado dijo que los pilares fundamentales de la iniciativa son cuatro: "Por un lado el mensaje busca fortalecer las facultades de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y las herramientas de fiscalización; aumenta las penas para los casos de colusión de bienes de primera necesidad; crea la figura del denunciante reservado o whistle-blower e incorpora modificaciones para mejorar el sistema de defensa de la libre competencia".
Opiniones parlamentarias
El diputado y presidente de la instancia, Jaime Naranjo (PS), señaló que el proyecto es positivo aunque le genera algunas dudas. "Pienso que no está bien definido en lo que se entiende por bienes de servicios de primera necesidad y creo que eso debiese estar claro y que no quede a criterio de un juez. Es una cosa que queda muy en el aire. Además, entre la FNE y el Ministerio Público han existido discrepancias sobre la acción judicial, es decir que el Ministerio Público pudiese llevar a cabo este tipo de iniciativas".
El ministro Palacios respondió que, al revisar la legislación comparada, "no existe mayor especificación de esos bienes y servicios y llegamos a un acuerdo genérico y los definimos como bienes de servicios de uso masivo, porque nos pusimos en casos en el que han existido investigaciones. Es decir, incorporamos todos los tipos, aunque no desconocemos que queda a criterio del juez. En cuanto a las atribuciones de la FNE y el Ministerio Público, pensamos, tras analizar la legislación comparada, que donde mejor funciona este tipo de norma es en un organismo específico, principalmente, por las prerrogativas especializadas de investigación. Es mejor fortalecer la FNE", puntualizó.
En ese sentido, la diputada Sofía Cid (RN) respaldó las aseveraciones del ministro Palacios. "A mi juicio hacer que la Fiscalía Nacional Económica sea parte del Ministerio Público o que haya una sola fiscalía es un tema complejo. Creo que sería bueno que las cosas se mejoren, pero se mantengan tal como están actualmente".
Inversión extranjera
Igualmente, la Comisión de Economía continuó con la discusión general del proyecto de ley, iniciado en moción, que busca exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado. En ese sentido, el ministro de Palacios dijo que "como Ejecutivo están estudiando a fondo el texto y principalmente la opción de presentar una propuesta al respecto".
El personero agregó que, para ello "analizan la legislación comparada, considerando las distintas vías que diversos países han tomado en cuanto al tema. Nos parece que es altamente relevante y sabemos que la moción no busca en ningún caso impedir la inversión extranjera, sino que dar claridad y tener un marco jurídico en torno a estas situaciones. Para nosotros la inversión extranjera es fundamental y parte importante de nuestro PIB; eso sin hablar de los numerosos Tratados de Libre Comercio con los que contamos".
Al respecto, el diputado Naranjo (autor de la propuesta legal) descartó de plano que se esté en contra de la inversión extranjera. "Algunos medios han distorsionado el objetivo del proyecto y han hablado de cosas que ni siquiera contempla. Solo queremos precisar que muchos organismos no tienen competencia para hacer algo cuando otros Estados y, ojo, no hablo de inversionistas sino de Estados, se hacen cargo de sectores estratégicos del país. No nos oponemos, incluso a la inversión de otro Estado, pero Chile requiere de certeza jurídica y es necesario abrir el debate, porque tengan por seguro que si el Estado argentino o peruano se hicieran cargo de puertos o sectores estratégicos chilenos no estaríamos mirando para el techo".
PURANOTICIA
