La autoridad aclaró que un 60% de las empresas del país corresponden a las pequeñas, pero tienen una participación en ventas de un 1,7%, mientras que las grandes se llevan casi la totalidad de las ventas.
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En enero de 2019 fue promulgada la Ley de Pago a 30 días que tenía como objetivo entregar liquidez a las pequeñas y medianas empresas se veían mermadas por el retraso en la cancelación de la prestación de servicios o venta de bienes.
A más de un año de su promulgación, los integrantes de la Comisión de Economía del Senado valoraron el trabajo realizado por el ministerio del sector, ya que las pymes comienzan a verse favorecidas por la ley, en particular en el caso de la agricultura, especialmente en el rubro vitivinícola.
El Ministerio de Economía informó a la comisión que entre el 6 de mayo de 2019 y el 29 de febrero de 2020, se han suscrito 30 mil acuerdos escritos entre empresas para aplazar la fecha de pago, lo que corresponde a 11 mil RUT, de los cuales 17 mil favorecen a las pymes directamente.
"La mayor parte de estos acuerdos corresponde al sector agrícola porque funciona a la inversa de la ley, es decir, los pequeños agricultores reciben insumos que terminan pagando cuando cosechan sus productos y los venden", explicó el jefe de la División de Empresas de Menor Tamaño, Felipe Vial, quien detalló que le siguen el sector manufacturero y salud.
"El 29% de los acuerdos son entre grandes empresas y un 55% corresponde a una pyme compradora y una empresa grande compradora. En este último caso la pyme sale favorecida porque es ella quien debe pagar lo adquirido. Un 13% de los contratos es cuando la gran empresa es compradora y la pyme vendedora. Ahí está el principal problema que originó la ley", añadió
"Nos hemos dado cuenta que en un 40% de estos casos, los pequeños salen favorecidos porque el dinero se ocupa como capital de trabajo, los pagos se hacen con antelación. Esto ocurre en los negocios vitivinícolas, los asociados a la venta de software y la construcción", explicó Vial.
Respecto a los sectores salud y municipalidades, que son los históricamente considerados peores pagadores, el ministerio dio cuenta de datos preliminares. En tal sentido se reconoció que se está recopilando la información de los municipios.
En el caso de la salud hay mayores conclusiones: la Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que los servicios de Salud necesitan 26,4 días para estar al día en los pagos, monto que corresponde a la deuda hospitalaria. Un punto relevante y que fue consultado por los senadores, es que existen diferencias significativas entre servicios de salud.
La comisión también escuchó al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien presentó un estudio realizado por el organismo en el que se analiza la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho a crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el período tributario en que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura.
La autoridad aclaró que un 60% de las empresas del país corresponden a las pequeñas, pero tienen una participación en ventas de un 1,7%, mientras que las grandes se llevan casi la totalidad de las ventas.
"En cuanto al crédito fiscal, las microempresas imputaron 1,3 billones de pesos en el 2018. El promedio mensual de deuda corresponde a 174 mil pesos. En cambio las grandes empresas imputaron 35 billones al 2018, con una deuda de 215 millones de pesos", explicó.
En la comisión el SII reconoció que no existen datos suficientes para cuantificar el promedio de pago, sin embargo citaron un informe elaborado por la plataforma Bolsa de Productos. De acuerdo a éste, mientras se discutía la ley de pago a 30 días, más empresas se pusieron al día con sus obligaciones, sin embargo con la entrada en vigencia, particularmente de la extensión a 60 días para casos puntuales, se retomó la demora en los plazos. Esto hizo que la mayor parte de las empresas (grandes, medianas y pequeñas) volviera a pagar a 60 días.
Con los datos que se están recopilando, el Ejecutivo está evaluando la posibilidad de presentar un proyecto de ley que permita que solo aquellas empresas que cancelan a tiempo, tendrán derecho a solicitar créditos al Estado.
Por ahora, se han evaluado distintos escenarios y el impacto que ello generaría. Una de las conclusiones preliminares es que sería conveniente generar una plataforma web donde compradores y vendedores entreguen la información necesaria, de manera de no favorecer a unos por sobre otros.
PURANOTICIA
