La comisión de Gobierno Interior de la Cámara exigió un plazo de siete días para ejercer el sufragio.
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La comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados vivió este martes una compleja sesión, luego de que sus integrantes manifestaran su abierto rechazo a la propuesta del Gobierno respecto al voto anticipado, hecho que terminó con dos reservas de constitucionalidad hechas por el Ejecutivo.
Los parlamentarios presentes, en su mayoría de oposición, rechazaron el texto del Ejecutivo, que busca habilitar un voto anticipado de dos días antes de una elección, aprobando en su lugar una indicación que establece un plazo de siete días entre los días 14 y ocho días antes de la elección para que puedan sufragar quienes cumplan con las condiciones.
El proyecto establece que quienes pueden tener acceso a la medida, son grupos de riesgo por Covid-19, además de miembros de Fuerzas Armadas y de Orden. A estos, se agregaron vía indicaciones, a los trabajadores de faena y temporeros y además, se introdujo un requerimiento para que el Servicio Electoral cree un sistema para que los privados de libertad también puedan participar.
La diputada Catalina Pérez (RD), autora de las indicaciones sobre acceso, manifestó que "pese al intento de obstruccionismo por parte del Gobierno aprobamos en la comisión de Gobierno Interior el proyecto que habilita el voto anticipado para las próximas elecciones, considerando a embarazadas, mayores de 65 años, trabajadores de faena, temporeros y personas enfermas que no puedan asistir al lugar el día de votación", además de agregar que "vamos a estar atentas a la votación que seguirá en la comisión de Hacienda y el día viernes esperamos una votación favorable en Sala, porque el país necesita y merece más democracia y participación de todas y todos sin ninguna exclusión".
Sin embargo, el Gobierno realizó, a través del subsecretario de Segpres, Máximo Pavez, reservas de constitucionalidad, señalando que hay una propuesta que genera un vacío, en referencia a la norma introducida por la diputada FA.
"Los privados de libertad como grupo de riesgo fueron rechazados en la comisión, sin embargo, una indicación posterior que se aprobó, estableció un mecanismo para que sí puedan votar, por lo tanto hay una inconsistencia porque no pueden votar, pero se establece que el Servel determinará cómo votarán, lo que a nosotros nos parece que es inconstitucional", planteó el subsecretario.
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