Documento, que será entregado este miércoles por Gonzalo Martner y Cecilia González, cuestiona que se procure, "siendo parientes de una alta autoridad de la República, el cambio legal del uso de suelo para aumentar el valor de un terreno".
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Con el objetivo de que el Tribunal Supremo del Partido Socialista emita un pronunciamiento respecto del caso Caval, que terminó con la salida de Sebastián Dávalos Bachelet desde la dirección Sociocultural del Gobierno, Gonzalo Martner, ex presidente de la colectividad, entregará un documento en el que se critica la especulación inmobiliaria en que habría incurrido el hijo de la Mandataria.
De acuerdo a lo informado por El Mercurio, se espera que el ex dirigente político llegue a eso del mediodía hasta la sede del partido, junto a Cecilia González, para entregar el texto.
Ambos militantes solicitan al tribunal pronunciarse "sobre la correspondencia con la ética socialista de la pública reivindicación realizada por los militantes Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon (a través de sus abogados) de actividades de especulación inmobiliaria comprando terrenos baratos y vendiéndolos caro, mediando gestiones para obtener un cambio en el uso del suelo por órganos de la administración del Estado".
Según informó Emol, la solicitud alude al estatuto partidario en materia de probidad y, en el caso de los militantes Dávalos y Compagnon, cita el artículo 2 del Código de Ética aprobado en 2006, en que se afirma que "ningún militante puede hacer uso de un cargo público, o incluso privado, para abusar del mismo a su favor, en el orden monetario, moral o de poder".
El documento agrega que la reivindicación aludida fue "hecha mediante declaraciones de Sebastián Dávalos, que describió el hecho como 'un buen negocio', y a través de los abogados de la empresa Caval, quienes declararon que 'el proyecto original era que Caval se quedara con los terrenos, pudiera hacer todas las gestiones en orden a regularizar y que, en el evento de que se cambiara el destino de uso de suelos, poder hacer proyectos de carácter inmobiliario adjudicándoles a terceros la construcción'".
Quienes suscriben la petición, ambos miembros del comité central del PS, se preguntan luego: "¿Es procurar, siendo parientes de una alta autoridad de la República, el cambio legal del uso de suelo para aumentar el valor de un terreno, es decir una especulación inmobiliaria gravada con altos impuestos en otros países puesto que no media actividad económica alguna sino solo lobby político-administrativo, una actividad que se encuadre en cualquier idea que se tenga sobre lo que puede ser la ética socialista?".
Marter y González también solicitarán al tribunal de la colectividad que suspendan la militancia del diputado Christian Urízar, luego de que el Ministerio Público solicitara su formalización.
El parlamentario por Quillota es indagado por el delito de fraude al Fisco por un monto superior a los $100 millones. De acuerdo a la publicación, los dineros correspondían a las arcas del Gobierno Regional de Valparaíso.
Pn/gm
