Según la declaración emitida por el TC, "podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto".
En el Tribunal Constitucional se iniciarán los alegatos por el requerimiento presentado por el presidente Sebastián Piñera en contra del proyecto impulsado por la diputada Pamela Jiles para el el segundo retiro de fondos previsionales.
La iniciativa pasó a comisión mixta en el Congreso.
En la audiencia, según la declaración emitida por el TC, "podrá ser oída toda persona o institución y organizaciones representativas de los intereses involucrados en el conflicto jurídico-constitucional que deberá resolver esta Magistratura".
Entre los expositores de hoy figuran el ex canciller Teodoro Ribera, por él mismo; el constitucionalista Tomás Jordán, por la senadora Ximena Rincón y el diputado Matías Walker (ambos DC); Javiera Toro, por el Partido Comunes; Enrique Aldunate, por la bancada de diputadas y diputados socialistas, y José Antonio Ramírez, por el PPD y su presidente Heraldo Muñoz.
Los alegatos se prolongarán hasta el viernes 18 y es probable que ese mismo día el TC dé a conocer su veredicto. Al Presidente Piñera lo representará su abogado Gastón Gómez, quien se enfrentará a las contrapartes que alegarán la constitucionalidad: Gabriel Osorio por el Senado y Miguel Landeros por la Cámara de Diputados.
El requerimiento fue ingresado al TC el domingo 22 de noviembre pasado, argumentando que "algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución"
"Esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos", añadió el Gobierno en ese oportunidad.
Según La Moneda, el proyecto "no sólo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la Justicia Social".
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