Lideran los porcentajes de casos informados las universidades de Chile y Valparaíso (con 18 denuncias respectivamente) y la Universidad de La Frontera (con 10 casos).
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Tras un proceso de fiscalización por acceso a la información de protocolos de acoso sexual en universidades estatales, el Consejo para la Transparencia (CPLT) pudo establecer que del total de entidades oficiadas en el mes de junio, un 80% de las que respondieron declararon las cifras de denuncias por acoso sexual correspondientes a su institución, siendo tres universidades las que concentran un 65% del total de denuncias registradas sobre la materia.
Lideran los porcentajes de casos informados las universidades de Chile y Valparaíso (con 18 denuncias respectivamente) y la Universidad de La Frontera (con 10 casos). Respecto de este punto en particular, la consejera del CPLT, Gloria de la Fuente, afirmó que las entidades que registran una cifra más alta de denuncias de acoso sexual concentran un alto número de matrículas, lo que podría explicar las cifras.
En este sentido, reconoció además el rol de estas casas de estudio, puesto que "en varios casos estos resultados han sido parte de un importante trabajo interno, que se ha hecho cargo de informar a los estudiantes sobre sus derechos, los que de este modo tienen conocimiento sobre las regulaciones y se atreven a denunciar situaciones muy delicadas".
En junio de este año el CPLT impulsó un proceso de fiscalización en dichas organizaciones vía Transparencia Activa -lo que las entidades publican en sus sitios web- y a través de requerimientos de Acceso a Información Pública, siendo oficiadas posteriormente y requiriéndose mayores antecedentes sobre regulación y tratamiento de acoso sexual.
Del total de casas de estudio que cuentan con regulaciones por acoso sexual sólo una de ellas, la Tecnológica Metropolitana (UTEM), se antepuso por varios años a la llamada "ola feminista", dado que su protocolo data de septiembre de 2015. En tanto, un 44% de las instituciones de educación superior cuentan con protocolos de 2017 e igual porcentaje corresponde a documentos fechados este año, en su mayoría entre los meses de abril y mayo de 2018.
Gloria de la Fuente comentó que "un porcentaje alto de las universidades estatales hizo públicos formalmente protocolos, reglamentos o documentos que regulan el acoso sexual de manera reactiva y no proactiva si nos basamos en las fechas, pero la cifra aumentó con respecto a la fiscalización que hicimos en junio".
Asimismo, la consejera aclaró que hay cuatro universidades de las fiscalizadas que entregaron información sobre el trabajo que realizan actualmente para contar con protocolos, subrayando que "como Consejo creemos firmemente que es un imperativo ético poner a disposición de los estudiantes y de la ciudadanía en general esta información".
Además, afirmó que es necesario corregir cualquier problema o dificultad en el acceso a la información pública cuando se refiere a acceso a derechos, en particular en casos tan sensibles y delicados como los de acoso, "y en ese sentido las acciones de universidades estatales deben ser reconocidas, porque dan respuesta a una demanda ciudadana que se tomó la agenda en los últimos meses".
Del mismo modo, destacó lo ocurrido con el movimiento feminista en el contexto social y en la agenda de Transparencia.
"Este fenómeno coincide con los 10 años de la promulgación de la ley de Transparencia y nos habla de un empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas, un fin que hemos promovido como Consejo en pro de una cultura de la Transparencia en todos los ámbitos y en particular en sujetos obligados aunque queremos ampliarlo a otros actores", subrayó de la Fuente.
PURANOTICIA / ATON
