Desde el Consejo para la Transparencia señalaron que medida del Mall Plaza Los Dominicos es una "tecnología extraordinariamente invasiva".
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El Consejo para la Transparencia (CPLT) reiteró su llamado revisar la iniciativa de reconocimiento facial, mediante un sistema de cámaras, implementado en el Mall Plaza Los Dominicos de Las Condes, en colaboración con Carabineros y la PDI.
Desde el CPLT señalaron que la medida es una "tecnología extraordinariamente invasiva, equivalente a una muestra de sangre" y "que obliga a pagar a justos por pecadores" al generar un levantamiento permanente de datos personales de gente que mayoritariamente no tienen antecedentes delictuales.
La advertencia se hizo luego de recibir antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), en respuesta a un oficio remitido a distintas entidades que intervinieron en la implementación del sistema y a la empresa dueña del recinto comercial.
En el informe se detalla la realización de pruebas de reconocimiento facial en "tiempo real", entre mayo y junio de 2018, que permitieron establecer que "el 90% de las identificaciones de rostros realizadas por el sistema fueron falsos positivos (identificación de persona errónea) y el otro 10% se refiere a personas precargadas en la base de datos, que si fueron reconocidas, pero estas personas corresponden a funcionarios del mall con la finalidad de evaluar el software".
El presidente del CPLT, Marcelo Drago, aseguró que "iniciativas como éstas son aplaudibles desde la perspectiva de la seguridad, pero sin entrar en la discusión de si son efectivas o no en términos de precisión, dado que no es un tema que le corresponda fiscalizar a nuestro Consejo".
Drago añadió que "lo importante es la lealtad de las empresas con sus clientes y usuarios en términos de cuidar los datos personales que recopilan".
El timonel del Consejo manifestó asimismo que "insistimos en que se trata de una medida totalmente desproporcionada que muestra que los fines buscados, que es identificar delincuentes, no se condicen con el levantamiento de una enorme cantidad de datos de personas que no lo son, lo que puede prestarse para abusos y hace pagar a justos por pecadores, dado que se recoge información de personas que no tienen antecedentes delictuales y que no han dado su consentimiento para que se obtengan sus datos".
Drago sentenció que la actual ley data de 1999, "previo a una infinidad de avances tecnológicos", y que "no establece facultades para que el Consejo garantice el derecho a la protección de datos personales que sean tratados por entidades privadas. Sólo contamos con atribuciones respecto del sector público. El texto actual del proyecto de ley, que está en tramitación en el Senado, y que no registra avances desde hace varios meses, nos permitiría actuar en este caso y evitar cualquier tipo de abuso".
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