El fallo podría sentar un precedente para quienes tengan una causa pendiente por quebrantar la normativa sanitaria y quieran recurrir al TC.
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En una resolución relacionada con una causa en la región de Aysén, el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el artículo 318 del Código Penal que establece sanciones penales a quienes realicen infracciones sanitarias.
El fallo podría sentar un precedente para quienes tengan una causa pendiente por quebrantar la normativa sanitaria y quieran recurrir al TC.
El artículo en cuestión sanciona al "que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales".
En el fallo, el TC concluyó que "la aplicación del artículo 318 del Código Penal en la gestión judicial pendiente infringe el artículo 19, Nº 3º, inciso 9º de la Constitución", ya que "ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella".
Tras exponer que "no está en duda la necesidad de que la autoridad sanitaria tenga flexibilidad en la regulación del comportamiento de las personas con el fin de disminuir los riesgos generados por una situación excepcional de catástrofe", la resolución agregó que "la autoridad administrativa no se encuentra legitimada para hacerlo por medio de la amenaza de una sanción penal recurriendo a un precepto legal constitucionalmente defectuoso como el artículo 318 del Código Penal".
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