Ley se aplicará en senadores, diputados, Presidente de la República, gobernadores regionales y cargos como ministros, intendentes, seremis y jefes superiores de servicio, entre otros.
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Con la definición en general de las autoridades a las que se les aplicaría una regulación de sus remuneraciones, la Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de las 34 indicaciones que se presentaron al proyecto de reforma constitucional que busca rebajar en 50% el monto de las dietas parlamentarias y el sueldo de una serie de autoridades del Estado.
Tal como fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, la rebaja de las dietas parlamentarias traería consigo una suerte de efecto dominó que terminaría afectando a más de 10 mil funcionarios públicos de distintos servicios y organismos del Estado, que verían reducidas sus remuneraciones.
Por lo mismo, una de las primeras definiciones generales que acordó la Comisión de Constitución -y que debería ser ratificada el próximo lunes cuando se inicie la votación de cada una de las indicaciones- fue la de acotar el ámbito de aplicación de esta ley, limitándola a los cargos de elección popular de senadores, diputados, Presidente de la República, gobernadores regionales y los cargos de exclusiva confianza como ministros de Estado, intendentes, seremis y jefes superiores de servicio, entre otros.
De acuerdo a lo manifestado por los senadores Alfonso De Urresti (presidente, PS), Francisco Huenchumilla (DC), Felipe Harboe (PPD), Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN), la idea es que esta iniciativa se aboque a las remuneraciones de ese tipo de cargos y que no afecte a funcionarios de carrera. En la sesión también estuvo presente el senador José Miguel Insulza, quien valoró los principios de acuerdo y manifestó la necesidad de zanjar este proyecto a la brevedad.
Los senadores señalaron que quedarían excluidos de esta regulación los alcaldes, concejales y consejeros regionales y también los miembros del Poder Judicial.
Otro de los criterios que se definieron fue que sería una comisión autónoma la encargada de definir el monto de las remuneraciones en esos casos, la que estaría integrada por 5 miembros designados por el Presidente de la República y ratificados con los 2/3 del Senado.
Entre las personas que se proponen para integrar la comisión se encuentran un ex consejero del Banco Central, un ex ministro de Hacienda, un ex director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputadas y Diputados, un ex director nacional del Servicio Civil, o un ex contralor o subcontralor.
Del mismo modo, se acordó que mientras no exista dicha comisión, habrá una norma de transición que señala que será la Alta Dirección Pública la encargada de fijar las remuneraciones para las autoridades que defina la ley.
El proyecto aprobado en general establece que en el período que medie entre la publicación de la reforma y la fijación de las remuneraciones, las autoridades afectas percibirían el 50% de su remuneración vigente.
Durante la sesión, los senadores coincidieron en que era necesario acotar el ámbito de aplicación de esta ley a los cargos de elección popular o de exclusiva confianza y no mantener lo que fue aprobado en primer trámite, que amplió el abanico a diversos organismos afectando a casi 10 mil funcionarios públicos.
PURANOTICIA
