Legisladora PS indicó que se debe distinguir los delitos que ponen en riesgo la vida de personas, de los delitos contra el orden público, "sobre todo, en los que se han visto involucrados jóvenes sin antecedentes penales previos".
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En el marco del proyecto de ley que indulta por razones humanitarias a personas detenidas durante el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, la senadora Isabel Allende (PS), una de las que suscriben la iniciativa surgida en la Cámara Alta, explicó que adhiere a la misma con el objetivo de visibilizar una "realidad escondida" durante el último tiempo.
A través de una declaración, la legisladora socialista señaló que "el abuso de la persecución penal y el uso desproporcionado de la prisión preventiva contra los manifestantes detenidos durante el denominado estallido social, política criticada por parte de diversos organismos de derechos humanos, y de acuerdo a la que hoy existirían más de 300 personas privadas de libertad en espera de juicio por este tipo de causas".
"De acuerdo con esta discusión, habría en muchos casos una evidente infracción al debido proceso: el juzgamiento dentro de un plazo razonable; la vulneración a la presunción de inocencia; junto a dificultades en los medios de prueba producida en este tipo de procedimientos", añadió la senadora Allende.
Sin perjuicio de esto, aclaró que "esta iniciativa no busca avalar ni amparar hechos de violencia como incendios, saqueos, atentados al transporte público, entre otros, como se ha pretendido instalar en la opinión pública, los cuales rechazo".
Por esto es que durante la tramitación del proyecto, dijo que buscarán "perfeccionarlo y colocar límites", donde se debe hacer la distinción en hechos que merecen reproche penal y social por su gravedad, como delitos que ponen en riesgo la vida de personas, de los que solo son delitos contra el orden público, "sobre todo, en los que se han visto involucrados jóvenes sin antecedentes penales previos".
Por último, hizo un llamado amplio al diálogo, "que nos permitan explorar diversas alternativas entre el gobierno, oposición y oficialismo para encontrar una medida legislativa y política urgente, que permita destrabar este conflicto social. Porque lo que no podemos hacer es negar la existencia de situaciones abusivas y arbitrarias, por lo que desde ya creemos que el veto anunciado no da cuenta de la necesidad de encontrar acuerdos en esta materia. Debemos acelerar los procesos, terminar con el uso desmedido de la prisión preventiva, siendo el indulto propuesto una solución excepcional, pero no la única".
PURANOTICIA
