Defensa de la familia del cabo primero Jonathan Garrido, atropellado por Jaime Quintana en febrero del 2015, llamó a funcionarios a que denuncien irregularidades durante el operativo en la ruta Vilcún - Cajón.
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La defensa de la familia de Jonathan Garrido, cabo primero de Carabineros que falleció en febrero de 2015 producto de un atropello protagonizado por el vehículo que conducía el senador Jaime Quintana (PPD) -hoy presidente de la Cámara Alta-, hizo un llamado público a los funcionarios que participaron del procedimiento a que entreguen sus antecedentes del caso, para determinar si hubo irregularidades en él, tal como sospechan.
Así lo dio a conocer Rafael Poblete, abogado de la familia del fallecido uniformado, quien señaló en entrevista con radio Conquistador que "estamos haciendo un llamado a los carabineros que puedan haber participado en ese procedimiento y que tengan conocimiento, por el alto mando o de quien corresponda, si se incurrió en irregularidades para proteger al senador, a que hablen. Tenemos línea abierta a través de la página de familia y no tienen nada que temer".
De igual forma, acusó "sesgo" de parte del fiscal que lleva adelante la investigación, Jaime Pino, quien fuera Seremi de Justicia durante el primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet. "Es impresentable que mantengan a un fiscal cuestionado porque no hay garantías. Tenemos serias sospechas de parcialidad. Si todo se hubiera desarrollado de manera distinta, no habría motivo para esta sospecha", señaló el profesional.
Además, sostuvo que "tengo el mayor grado de reproche al actuar del fiscal y a la Fiscalía de Temuco. Denunciamos tráfico de influencias. Pedimos que se inhabilitara porque había sido militante de la Concertación. Por transparencia debió inhabilitarse. Además, el Fiscal Regional se apresuró en dar apoyo al senador antes de tener la investigación de la SIAT".
El abogado también sostuvo que hubo "trato preferencial" a favor del senador Quintana, y aseguró que "está dado el escenario para que se reabra el caso (el legislador fue sobreseído en el ámbito penal), porque hubo trato preferencial de la SIAT". También comentó que "el Senador dijo que no vio balizas en la carretera, lo que es imposible salvo que sea ciego".
En ese sentido, solicitó una serie de exámenes al Presidente del Senado, para determinar si es apto para poder conducir vehículos motorizados. "Esperamos que el senador se someta a pruebas para ver sus reflejos, porque si es esfectivo lo que dice que no vio las balizas (del carro policial), significa que debe ser ciego porque es ilógico. No estaría habilitado para conducir, así que pedimos investigar. No estamos aseverando nada, pero tenemos que despejar esa hipótesis", señaló.
Rafael Poblete también tuvo críticas hacia la difusión del caso, el cual comparó con el fatal atropello protagonizado por el jeep que conducía Martín Larraín, hijo del ex senador Carlos Larraín (RN). "El proceso no ha tenido la connotación pública que ha tenido, por ejemplo, el caso del atropello del hijo del senador Larraín. No deja de ser paradojal que incluso se haya hecho una teleserie con el atropello a un peatón que transitaba ebrio por la carretera, y no se haya hecho una teleserie de un senador que atropelló a un carabinero en condiciones sumamente sospechosas", agregó el jurista.
Cabe recordar que la semana recién pasada, el senador no se presentó a una audiencia de conciliación con la familia del cabo Garrido, la cual estaba agendada ante el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, respecto a a la querella indemnizatoria que en la Justicia Civil ingresó la familia del fallecido en la ruta Vilcún - Cajón, en La Araucanía.
En ese sentido, el abogado de la familia dijo que "esperamos que, a través de esta acción civil, que está en curso ante el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, se abra el escenario para que en este nuevo Chile aparezcan testigos".
También recordó los hechos ocurrido el pasado mes de febrero del 2015 diciendo que todo ocurrió después de la inauguración de una cancha en la comuna de Vilcún, de la cual era alcaldesa su esposa. Tras la inauguración, a las 19:00 horas, se realizó un cóctel, donde no habría habido alcohol. No obstante, el abogado sostuvo que luego se fueron a una casa en la comuna, donde habría habido un asado. "Se podría haber comido un choripán, que pudo haber acompañado con alcohol".
El fatal atropello se registró a las 23:00 horas. "En ese momento, el Senador, de acuerdo a nuestra teoría, no se puso a disposición de la justicia para hacerse el alcotest. Él, aduciendo su fuero, dilató la práctica de la alcoholemia en más de dos horas y media después del accidente. En dos horas y media una persona puede tomar leche y una marraqueta con queso y baja la dosis de alcohol en la sangre. Por transparencia, debió someterse al test", explicó.
También dijo que "una vez ocurrido el atropello estaba la comitiva presidencial de Michelle Bachelet, siendo Quintana presidente del PPD. Todo el mundo comentó que el círculo cercano del Senador pidió interceder para que tuviera un trato acorde a su cargo. Así fue como fue acompañado por su señora y el fiscal (Pino) al Hospital Regional, donde dos horas y media después se le practicó la alcoholemia. Entonces aquí hay un trato desigual".
Finalmente dijo que "la Fiscalía trató de sobreseer la causa definitivamente, diciendo que el senador Quintana no tenía responsabilidad. Nosotros dimos vuelta eso ante la Corte de Apelaciones de Temuco, porque está claro, con antecedentes, que la responsabilidad del senador no está descartada".
PURANOTICIA
