Alejandro Navarro (PRO) ingresó una denuncia al Colegio de Abogados en contra de sus asociados, Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, en el marco de la investigación por las muertes por covid-19.
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El senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó este miércoles una denuncia al Colegio de Abogados en contra de sus asociados, Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik, defensores del Presidente Sebastián Piñera y del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el marco de la investigación por las muertes por covid-19.
Navarro, querellante en el caso, acusa de amedrentamiento y presiones contra testigos en la investigación que lleva adelante el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, en contra del mandatario, el ex ministro y los actuales subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.
La denuncia de Navarro apunta a las "expresiones matonezcas y amedrentadoras" que el abogado Zaliasnik realizó en contra de la ex funcionaria del Minsal, Andrea Albagli, quien reveló en su declaración ante la fiscalía que le pidieron manipular la base de datos de contagios para hacerla calzar con los datos del ministerio.
Zaliasnik señaló en aquella oportunidad a través de una entrevista en el diario La Segunda, que Albagli presentó un "falso testimonio con móvil ideológico" y que en su calidad de abogado defensor "tiene el deber de perseguirlo". "Ejerceremos las acciones penales que correspondan", advirtió.
Además, Navarro acusó a Donoso y Zaliasnik de presionar al Poder Judicial en el escrito que presentaron a la Corte Suprema en lo que calificó como un texto "plagado de descalificaciones y signos de exclamación, abandonando el tono razonable y respetuoso que deben tener los abogados ante los tribunales".
Tras la presentación, Navarro apuntó a que "la defensa de Piñera amedrenta a los testigos con amenazas, con acciones penales, con descalificaciones, lo que resulta ser improcedente. Si esa es la cancha en que como abogados de Piñera y Mañalich quieren jugar, no nos van a arrastrar a esa cancha de descalificaciones y de amedrentamiento de testigos".
"La descalificación política no tiene cabida en un proceso judicial, y esperamos que esa sea la evaluación también de la comisión de ética del colegio de abogados", concluyó el parlamentario.
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