La iniciativa establece que dentro de 30 días de publicada la ley, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá rebajar las remuneraciones de los ministros de Estado y de los parlamentarios.
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Con 41 votos a favor y una abstención, la Sala del Senado aprobó y despachó a cumplir su tercer trámite legislativo, la reforma constitucional que busca fijar por ley las dietas parlamentarias y las remuneraciones de autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República.
La iniciativa establece que dentro de 30 días de publicada la ley, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá rebajar las remuneraciones de los ministros de Estado y de los parlamentarios.
Además, dentro de 60 días, el organismo deberá también rebajar el sueldo de las demás autoridades políticas de confianza del Presidente de la República, en un porcentaje que se determinará en base a parámetros técnicos como la escala única de remuneraciones.
Esta rebaja regirá hasta que se cree una comisión especial -regulada por una Ley Orgánica Constitucional- la que deberá fijar las remuneraciones de ministros, parlamentarios, subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político.
Asimismo, se deberán precisar las remuneraciones del intendente y gobernadores. También se fijarán criterios para el personal a honorarios que asesora directamente a las autoridades gubernativas o que tienen un cargo de perfil político.
La comisión permanente estará integrada por un ex consejero del Banco Central, un ex Ministro de Hacienda, un ex presidente de una de las dos ramas del Congreso, un ex director nacional del Servicio Civil y un ex Contralor o Subcontralor general de la República, nombrado por el Presidente de la República con el acuerdo de los 2/3 del Senado.
Finalmente, se establece que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. La dieta será fijada cada 4 años con a lo menos 180 días de anticipación al término de un período presidencial.
PURANOTICIA
