Este nuevo protocolo reincorpora la restricción institucional para aquellas entidades de salud privadas que reciban recursos del Estado mediante convenios.
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El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, afirmó que no ve "convicción" detrás del Gobierno tras dar a conocer a Contraloría, el viernes pasado, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales.
Este nuevo protocolo reincorpora la restricción institucional para aquellas entidades de salud privadas que reciban recursos del Estado mediante convenios. Ante esto, la autoridad académica señaló que, de oficializarse la iniciativa, la UC recurrirá incluso a instancias legales.
"Yo atribuyo esto a que el Gobierno quiere estar completamente en la línea de las pautas que dictó Contraloría, pero no hay una convicción detrás. Es de decir que están bien los lineamientos de Contraloría, pero que el reglamento tiene que tener aspectos que un Gobierno considera importante para las personas y su bien", dijo.
Añadió Sánchez, quien fuera uno de los defensores de la idea de objeción de conciencia, que aún quedan instancias para modificar el reglamento. Y no descarta tomar medidas judiciales.
De este modo, entregó su opinión de este nuevo reglamento. "Aún no hay oficialización de que sea ese el documento, pero nos parece que la objeción institucional está puesta en la ley diciendo que la institución podrá, de acuerdo a su ideario propio, ser objetora de conciencia, con todo un mecanismo al respecto. Los fondos públicos no pueden estar al arbitrio de las iniciativas estatales".
A su vez, afirmó que "es inconstitucional negar un derecho fundamental a través de un reglamento. El derecho fundamental que la ley promueve es la objeción por instituciones, y este reglamento está acotando y negando ese derecho, poniéndole condiciones".
Dado ese escenario, el rector de la UC no descartó acudir al Tribunal Constitucional, ni menos un recurso legal. "Está todo abierto. Las instituciones pueden ir bajo las razones que mencioné, pero también pueden hacerlo los parlamentarios. Es un flanco abierto que podría esgrimirse para acudir al Tribunal Constitucional... De darse todo esto, la universidad tendrá que interponer una instancia legal, porque no nos parece aceptable el reglamento que ha trascendido".
"Lo que más llama la atención de este reglamento, bajo la lógica de los lineamientos de Contraloría, es que no se pone en el lugar de las personas. Se pone en el lugar de la asignación de recursos públicos", concluyó.
PURANOTICIA / ATON
