Según el diputado Jaime Pilowsky, hemos tenido información de algunos consejeros que desarrollan actividad profesional defendiendo o siendo representantes de empresas relacionadas.
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Diputados de la Democracia Cristiana y otras bancadas, encabezados por el diputado Jaime Pilowsky (DC), ingresaron hoy una moción que propone la exclusividad en la función de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.
La moción ingresada durante esta mañana fue firmada por los diputados DC, Jaime Pilowsky, Matías Walker, Gabriel Silber, Aldo Cornejo, Juan Morano, Sergio Espejo y Marcelo Chávez, junto a Leonardo Soto (PS), Daniel Farcas (PPD) y Felipe Kast (Evópoli).
Si bien se establece dedicación exclusiva, se agrega que "sólo podrán desarrollar actividades académicas en establecimientos educacionales y universitarios, reconocidos por el Estado, hasta por un tope de doce horas semanales".
Tras el ingreso del proyecto, el diputado Pilowsky señaló que "en la actual agenda de probidad es necesario tener absolutamente regulado lo que es el conflicto de interés (...) Tenemos la convicción que los abogados consejeros del Consejo de Defensa del Estado, deben ser funcionarios de dedicación exclusiva de su cargo. Así ocurre con distintas otras autoridades de Gobierno, como los ministros, los subsecretarios o los jefes superiores de servicios, a quienes inclusive la ley les prohíbe o limita desempeñarse en otras funciones".
El parlamentario señaló, además, que "hemos tenido información de algunos consejeros que desarrollan actividad profesional defendiendo o siendo representantes de empresas relacionadas, por ejemplo, con la venta de armamentos".
Sobre el funcionamiento del CDE, Pilowsky señaló que "está conformado por abogados de prestigiosa trayectoria que ganan sueldos que superan los 7 millones de pesos. Son destacados académicos y servidores públicos; pero también se han desempeñado en ámbito privado y ejercen importantes labores en el Consejo defendiendo los intereses del Estado en los distintos tribunales de justicia del país".
"En ese sentido, contar con un organismo público autónomo y descentralizado, que haga valer los intereses del Estado y sus derechos en tribunales, debe estar al margen de todo conflicto de interés que lo distraiga de la labor que le encomienda la ley, es fundamental en tiempos en que se cuestiona la credibilidad de las instituciones públicas y privadas", concluyó.
Pn/fg
ATON CHILE.
