Agrupaciones aseguraron que este proyecto del Gobierno no fortalece la justicia.
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El Gobierno presentó un proyecto ante el Congreso que permitiría que un condenado, por cualquier delito, pueda sustituir el cumplimiento de su pena, bajo ciertos requisitos.
Estos son que el reo tenga al menos 75 años de edad y esté diagnosticado con alguna enfermedad terminal. Esta iniciativa fue rechazada, tanto por víctimas de la dictadura como por condenados por delitos de lesa humanidad.
Mireya García, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirmó al respecto que "es un nuevo golpe porque no es un proyecto que fortalezca la justicia en todas sus etapas, incluida la etapa del cumplimiento de condenas, sino que es un proyecto que más bien busca la libertad y por lo tanto la impunidad para los violadores de los derechos humanos".
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, agregó que "este proyecto no debe, no puede, pasar porque ya hay impunidad en este país. Hay una cárcel especial, un trato especial".
En la misma línea, añadió que "cuando hablan de dignidad y de gestos humanitarios debieran pensar en los familiares. ¿Quién piensa en lo humanitario en el hecho de esos familiares que esperan encontrar, algún día, los restos de sus familiares?".
A su vez, Raúl Meza, abogado de ex uniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos, también rechazó la propuesta del Ejecutivo diciendo que "les pone una lápida y los condena a morir en la cárcel a aquellos reos que aún teniendo más de 75 años de edad no tengan este tipo de enfermedades invalidantes o terminales. No van a poder optar a este beneficio establecido por la ley".
Finalmente, el defensor acusó que el Presidente Piñera "traicionó el voto y la confianza de la familia militar que le dio la posibilidad de dirigir nuevamente los destinos de esta patria".
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