La moción establece que, tal como no pueden comunicarse las deudas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con las contraídas para financiar estudios en cualquiera de sus niveles.
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A tercer trámite al Senado fue remitido el proyecto que modifica la ley sobre protección de la vida privada, con el objeto de resguardar la información sobre deudas contraídas para financiar servicios educacionales.
La iniciativa, que fue presentada a la sala con un segundo informe de la Comisión de Educación rendido por la diputada Camila Rojas (Comunes), consta de un artículo único, que fue rechazado, que establece que, tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.
La norma también incluye a aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.
El texto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
Sobre este artículo, la Comisión de Educación introdujo una enmienda, que fue respaldada por la Sala, para establecer que los registros en ningún caso podrán entenderse como la extinción de la deuda.
El proyecto, originado en el Senado, entrega como antecedentes que, según el último informe Deuda Morosa, publicada por Dicom en el segundo trimestre del año 2018, eran más de cuatro millones 480 mil las y los deudores morosos en nuestro país. De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite "enseñanza", es decir, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados en Dicom por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos.
A tercer trámite proyecto que prohíbe informar deudas por educación #ChaoDicom https://t.co/nYCWip7WKA
— CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) January 16, 2020
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