La infracción para estas situaciones se sancionaría con multa a beneficio municipal de entre 1 a 20 unidades tributarias mensuales.
visitas
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados continuó con el estudio del proyecto que regula la disposición final de elementos de protección personal de carácter sanitario, al tiempo que prohíbe y sanciona su eliminación en lugares públicos.
En términos generales, la propuesta prohíbe arrojar en la vía pública, en bienes de uso público, en sitios eriazos y en lugares de acceso al público, elementos de seguridad o protección sanitaria como mascarillas o guantes quirúrgicos.
La infracción para estas situaciones se sancionaría con multa a beneficio municipal de entre 1 a 20 unidades tributarias mensuales.
Para el análisis de esta iniciativa, el grupo parlamentario escuchó a los representantes de Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Carola Quezada y Mirko Bonacic.
Carola Quezada señaló que este proyecto debiera estar enfocado más allá de la amenaza de una eventual multa, sino más bien, en establecer la obligatoriedad que las comunas tengan puntos de acopio de estos elementos de protección personal y solicitar datos como correo electrónico y teléfono para efectos de poder notificar al tribunal.
Además, indicó que, para que la norma sea eficaz, será necesario que se precise quién va a fiscalizar su cumplimiento. "Por ley debiera corresponderle a Carabineros, inspectores municipales y fiscales. Creemos que, por encontrarnos en época estival, debieran incluir también a la marina", planteó.
Por su parte, Mirko Bonacic manifestó su preocupación por cómo se va a fiscalizar que se cumpla la norma y de qué forma se establecen las denuncias.
"En la práctica, si vemos una persona botando una mascarilla, cómo se podría obtener sus datos para denunciarla y cómo llegaría esta denuncia al tribunal. Nosotros somos el único tribunal que aún tramitamos en papel, por lo que necesitaríamos que nos permita la recepción de estas denuncias de manera remota, sino es así, no tendríamos como fiscalizar ", alertó.
Asimismo, estimó que la denuncia sería una acción pública. "Sería importante entregar una señal que indique que todos podemos denunciar a aquellos que están contaminando, aunque veo muy difícil que se ejecute", evaluó.
Para la próxima sesión, la instancia acordó seguir analizando la norma con el objeto de ingresarle indicaciones para establecer los límites, precisar el marco regulatorio e indicar más especificaciones en el proyecto, sobre todo, en determinar quién fiscaliza, quién podría ser ministro de fe o si se entregará más facultades al juzgado.
PURANOTICIA
