Diputados René Saffirio y Ricardo Rincón afirmaron que “no nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública".
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Los diputados DC René Saffirio y Ricardo Rincón ingresaron hoy a la Cámara un proyecto de ley para terminar con los beneficios procesales contemplados en causas judiciales a autoridades eclesiásticas.
La iniciativa busca acabar con el fuero establecido en el Código Procesal Civil para autoridades de la iglesia, como los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, quienes pueden declarar en el domicilio de su preferencia por la demanda de las víctimas de Fernando Karadima.
Saffirio, autor de la iniciativa, dijo que "determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, quedan exentas de comparecer ante el tribunal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal".
"En este caso se encuentran, entre otros, el Presidente de la República, los ministros de Estado y otras autoridades, pero también las autoridades eclesiásticas como el arzobispo, los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capituales y los párrocos. Incluso los novicios pueden hacer uso de este derecho", añadió.
Añadió que "no nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública".
En la misma línea, el diputado Rincón dijo que "se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico".
Saffirio agregó que "con ocasión del caso denominado Karadima, vimos cómo el tribunal tuvo que desplazarse hasta el domicilio de un arzobispo para tomarle declaración".
Agregó que "lo más chocante fue que las propias víctimas de Karadima tuvieron que ir al domicilio del arzobispo a presenciar en silencio la declaración que tenía que prestar ante la justicia".
"Esto daña la ritualidad procesal, pero daña también la prestancia y la solvencia ética y moral de la justicia frente a personeros que han a lo menos han actuado en calidad de encubridores de delitos graves como los que se investigan en el caso Karadima", agregó.
Pn/ci
ATON CHILE
